En la última sesión del Consejo de Derechos Humanos, que concluyó a finales de septiembre, se adoptó una resolución que pide a la Oficina investigar los eventuales abusos y violaciones de las libertades individuales que se cometan en el país sudamericano y presentar públicamente dichas pesquisas.
Así lo confirmó este martes (9.10.2018) en rueda de prensa Ravina Sahmadasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien explicó que la muerte en custodia del concejal Albán será uno de los temas que incluirá la investigación sobre las violaciones a los derechos humanos que realizará la entidad.
"El Consejo de Derechos Humanos encargó a nuestra Oficina elaborar un informe sobre Venezuela, por lo que miraremos esto e investigaremos todos los aspectos de la situación de los derechos humanos en Venezuela".
En la última sesión del Consejo de Derechos Humanos, que concluyó a finales de septiembre, se adoptó una resolución que pide a la Oficina investigar los eventuales abusos y violaciones de las libertades individuales que se cometan en el país sudamericano y presentar públicamente dichas pesquisas.
La portavoz explicó que han pedido a Venezuela acceso al país y que aún están esperando una respuesta "pero que las líneas de comunicación están siempre abiertas".
"El acceso al país nos permitirá hacer una investigación más profunda y mirar a todos los lados", subrayó.
La Fiscalía venezolana informó la víspera que Albán, detenido por el atentado contra el presidente Nicolás Maduro, se suicidó en la sede del Servicio de Inteligencia (Sebin) y de que abrió una investigación por el hecho, pero su partido, Primero Justicia (PJ), denunció un asesinato.
"Hay mucha especulación sobre lo qué pasó, si se suicidó, si lo lanzaron, si fue maltratado, hay mucha especulación y es por ello que necesitamos una investigación independiente y transparente para aclarar las circunstancias de su muerte", afirmó Shamadasani.
Dicho esto, la portavoz subrayó que "Albán estaba bajo la custodia del Estado y por lo tanto el Estado tenía la responsabilidad de velar por su seguridad, integridad personal y dignidad".
Agregó, además, que en la Oficina del Alto Comisionado están "preocupados no solo por su muerte, sino por el hecho de que no había sido presentado ante un juez en las primeras 48 horas tal y como establece la ley venezolana".
