El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió al titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, que siga adelante con su trabajo desde "fuera de Guatemala” hasta que haya una "mayor claridad” en torno a lo sucedido.

Naciones Unidas. El Gobierno de Jimmy Morales anunció que no se permitirá el ingreso al país del titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, e incluso ordenó a las aerolíneas impedir que el abogado colombiano embarque en vuelos que se dirijan a Guatemala. Esta situación ha provocado malestar en Naciones Unidas, que reaccionó por medio de su secretario general.

A través de un comunicado, el portugués António Gurterres expresó este martes su "profunda preocupación” por lo ocurrido. "La Cicig y su titular desempeñan un papel fundamental en la lucha contra la impunidad en Guatemala. El secretario de la ONU tiene una profunda preocupación respecto a esta decisión", señala el documento.

Guterres "ha pedido” específicamente a Velásquez que siga adelante con su trabajo como jefe de la comisión creada en 2007 por la ONU y el gobierno guatemalteco desde "fuera de Guatemala” hasta que haya una "mayor claridad” en torno a lo sucedido. "El secretario general anima al Gobierno de Guatemala a continuar buscando una solución mediante el diálogo", concluye el comunicado.

Numerosas reacciones. La Cicig, desde su creación, ha destapado una serie de escándalos de corrupción, entre ellos uno que llevó a la captura del expresidente Otto Pérez (2012-2015). Actualmente el Ministerio Público y la Cicig se encuentran en medio de investigaciones que salpican al hijo y hermano del presidente Jimmy Morales y a su partido. Las indagaciones han llevado a la Cicig a pedir el desafuero del mandatario, sobre quien pesan sospechas también.

En medio de todo esto, el Gobierno de Morales decidió no renovar el mandato de la Cicig, que vence en septiembre de 2019, y además impidió el ingreso al país de Velásquez por considerarlo un peligro para la seguridad pública. Lo ocurrido ha desatado una tormenta política en el país, donde la Convergencia por los Derechos Humanos, que aglutina a una decena de organizaciones, acusó al Gobierno de violar el orden constitucional.

También el Frente Ciudadano Contra la Corrupción, integrado por empresarios, sociedad civil, autoridades indígenas, legisladores y políticos, aseguró que Morales está llevando su administración "al margen de la ley”, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su "profunda preocupación" por el rumbo que han tomado los hechos, al tiempo que la premio Nobel Rigoberta Menchú llamó a los guatemaltecos a "no dejar vulnerar el orden constitucional”.