Flavio Mirella, representante de la Unodc, afirmó que el área neta ocupada por los cultivos de coca en el Perú es de 49.800 hectáreas a diciembre de 2013; es decir, 17,5% menos que en 2012, cuando había 60.400 hectáreas.
Lima. El representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y Delito (Unodc) Flavio Mirella, destacó que el Perú en este gobierno ha logrado los avances más exitosos en la política de lucha contra el narcotráfico en los últimos 14 años.
Indicó que el área neta ocupada por los cultivos de coca en el Perú es de 49.800 hectáreas a diciembre de 2013; es decir, 17,5% menos que en 2012, cuando había 60.400 hectáreas.
“El resultado obtenido es el más exitoso de los últimos catorce años y se da como respuesta a las sostenidas acciones planteadas en la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas de 2012 a 2016 de este Gobierno”, declaró al diario oficial El Peruano.
Asimismo, resaltó que la reducción del espacio cocalero por segundo año consecutivo es loable y “producto del buen manejo del programa integral de desarrollo alternativo” en las principales áreas cocaleras.
Señaló que el Perú ahora cuenta con más hectáreas de cultivos alternativos que ilícitos, y eso es un indicador de que “la situación está cambiando, que hay interés en esos nuevos productos”, y por ello la inversión en ese aspecto es fundamental.
Explicó que hay más de 50.000 hectáreas dedicadas a cultivos legales, y solamente las dedicadas a la palma aceitera suman 30.000 y están vinculadas con el desarrollo alternativo, lo que indica el comienzo de un giro importante en la tendencia de producción agrícola en estas zonas.
Mirella también calificó como “muy adecuado” el apoyo que se da a las familias que dependen del cultivo de la hoja de coca, así como el brindarles asistencia técnica y acceso a los mercado, con la reconversión productiva.
Refirió que el hecho de empezar un proceso de diálogo entre el Estado y los productores de coca en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, “están creando puentes de confianza” y por ello recomendó mantener esta estrategia.
“El campesino requiere de este acompañamiento; eso abre caminos para asegurar éxitos en ese campo”, subrayó.
Por ello, dijo que este tipo de acciones debe trascender a los diferentes gobiernos y “tienen que mantenerse en el tiempo”.
Modelo San Martín
Sostuvo que el modelo “San Martín” de reconversión productiva ha logrado que se hable de una producción importante de café, cacao y palma en el Alto Huallaga y no de cultivos de coca ilegal como en el pasado.
“Se produjo un proceso de cambio; en consecuencia, las lecciones aprendidas en San Martín son muchas y es importante tomarlas en cuenta también en el Vraem”, indicó.
También ponderó que la decisión de llevar los servicios esenciales del Estado a los pueblos del Vraem “representa un compromiso claro de inversión del Gobierno Nacional”, pero también se requiere de la respuesta de los gobiernos regionales y locales para dar sostenibilidad a las medidas adoptadas porque se trata de un proceso de desarrollo “eminentemente local”.
El representante de la UNODC para el Perú y Ecuador, destacó que el año pasado, el Gobierno erradicó 24,000 hectáreas de cultivos ilegales de coca; y el incrementado de la meta para este año a 30.000 hectáreas, refleja una mayor confianza.
“Hay que seguir con metas ambiciosas para lograr mayores resultados y que el narcotráfico no tenga cabida en la economía nacional”, dijo.
Expresó su confianza en que el Gobierno pueda sobrepasar, en 2016, la meta de 3.500 toneladas métricas de insumos decomisados
Compromiso
De igual modo, Mirella calificó de alarmante que unos 121 candidatos presenten antecedentes por narcotráfico en esta contienda electoral y dijo que esta situación resulta peligrosa para la democracia.
Consideró fundamental establecer como obligación la entrega de información referente a bienes materiales y financieros en las hojas de vida de los postulantes y dejar que sea un acto voluntario, como lo es en la actualidad, para dar mayor transparencia al proceso.
Igualmente, reiteró su llamado a los partidos políticos para evitar la infiltración de dinero sucio en las campañas electorales y que sean transparentes al momento de informar sobre sus gastos partidarios a los organismos electorales.