El presidente Iván Duque objetó este domingo varios artículos de una ley clave para implementar el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, incluyendo el tribunal encargado de investigar, juzgar y sentenciar a los responsables de los crímenes.

Bogotá. La ONU pidió este jueves al presidente de Colombia, Iván Duque, la "urgente sanción" de la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), pese a las objeciones del mandatario, y dijo que se debe garantizar el funcionamiento independiente del tribunal.

Duque objetó este domingo seis de los 159 artículos de una ley clave para implementar el acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y anunció que la devolverá al Congreso para que la ajuste.

La decisión del mandatario frente a la JEP, el tribunal encargado de investigar, juzgar y sentenciar a los responsables de los crímenes ocurridos durante el conflicto armado, desató una tormenta jurídica y política en la que excomandantes rebeldes alegan incumplimiento del acuerdo firmado en 2016.

"La construcción de una paz estable y duradera depende de la urgente sanción y promulgación, sin dilaciones, del proyecto de la ley estatutaria de la JEP", dijo el representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, al presentar su informe anual sobre el país.

Brunori afirmó que para que el tribunal funcione debe ser independiente, lo que garantizaría la seguridad jurídica de los excombatientes de las FARC y de los efectivos de las Fuerzas Armadas que comparezcan.

Hasta el momento 11.700 personas han comparecido ante la JEP, que puede imponer penas restrictivas de libertad de entre cinco y ocho años a los que reconozcan su responsabilidad de manera temprana y confiesen los delitos, en lugar de las condenas más duras en cárceles que contempla la justicia ordinaria.

De inmediato no hubo ninguna reacción oficial a los comentarios de Brunori.

Bajo los términos del acuerdo de paz, unos 13.000 integrantes del desmovilizado grupo rebelde, incluidos casi 7.000 excombatientes, abandonaron las armas y conformaron el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común como parte de su reintegración a la sociedad y ahora tienen 10 escaños en el Congreso.