La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó al gobierno colombiano “continuar garantizando la seguridad de la jueza María Stella Jara, quien enfrenta múltiples amenazas”.

Bogotá. Este viernes, la alta comisionada de las NacionesUnidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, mostró su beneplácito con lahistórica decisión judicial proferida en Colombia por las desapariciones de laretoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.

"Expreso mi reconocimiento al poder judicial colombianopor su lucha contra la impunidad en este caso, y exhorto al gobierno deColombia a acatar y respetar la sentencia. Asimismo, solicito al gobiernocolombiano adoptar todas las medidas necesarias para continuar garantizando laseguridad de la Jueza María Stella Jara, quien enfrenta múltiplesamenazas", manifestó Pillay.

La oficina del Alto Comisionado en Colombia recomendó a lasautoridades el fortalecimiento de las medidas de protección existentes paragarantizar la seguridad de la Jueza Jara, a quien le fueron otorgadas medidascautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"Confío que los procedimientos judiciales actualmenteen curso logren establecer la verdad así como determinar las responsabilidadespor estos trágicos hechos, con la plenitud de garantías del debido proceso paralos procesados. Deben darse las medidas de protección adecuadas a los testigos,abogados, familiares de las víctimas y funcionarios de la administración dejusticia a cargo de los procesos, al igual que a los acusados", señaló laalta comisionada.

Adicionalmente, la alta comisionada reiteró que, de acuerdocon el derecho internacional de los derechos humanos, "en ningún casopodrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra oamenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergenciapública como justificación de la desaparición forzada".

"El uso legítimo de la fuerza para garantizar laseguridad y mantener el orden público es, al mismo tiempo, un derecho y undeber de los Estados frente a sus ciudadanos", señaló Pillay. "Sinembargo, la actuación del Estado está limitada por su deber de garantizar losderechos fundamentales de los ciudadanos y respetar el Estado de derecho,incluso al responder a ataques injustificados por parte de grupos armadosilegales".