El bloqueo de vías y carreteras en el país genera malestar social por impedir la libre movilización de personas y bienes, como ocurrió en el reciente paro de transportistas que paralizó dos días la ciudad de La Paz.

La Paz. Andina. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia expresó hoy su preocupación por las consecuencias de las protestas sociales sobre el derecho a la salud y el acceso de la población a los servicios.

"La protesta impulsada durante más de 40 días por los trabajadores del sector salud, sumada a las otras demandas de los otros actores sociales, está causando un impacto significativo y preocupante sobre el derecho a la salud y el acceso a los servicios de la población boliviana", señaló un comunicado de la ONU.

El máximo organismo mundial considera que esa "situación agrava" las persistentes fallas estructurales de larga data en el sistema de salud de Bolivia, que deberían ser atendidas de manera integral.

La ONU advirtió que las limitaciones en la continuidad de los programas de salud pública tendrán un efecto negativo en la población en los próximos meses.

"También este conflicto está generando todavía protestas universitarias de apoyo muy violentas (con uso indiscriminado de dinamita) y ha dado lugar a prácticas por las cuales miembros del sector salud se auto-infligieron tratamientos físicos diversos (crucifixión, sutura de la boca) equivalentes a malos tratos y tortura violatorias de la dignidad humana y atentatorios a la ética que debe prevalecer en el campo de la medicina", agregó el documento.

Asimismo, indicó que el bloqueo de vías y carreteras en el país genera malestar social por impedir la libre movilización de personas y bienes, como ocurrió en el reciente paro de transportistas que paralizó dos días la ciudad de La Paz.

"Ha afectado indiscriminadamente los derechos de la mayoría de la población, conllevando además, notables pérdidas económicas, tanto para el sector público como privado", subrayó la ONU.

Instó al Estado boliviano a adoptar todas las medidas a su alcance para respetar, proteger y garantizar los derechos ciudadanos, contemplados en la Constitución del país.