Los expertos consideraron preocupante que la situación se haya incluso deteriorado desde la fecha de esa misión. El informe indica que está pendiente un diagnóstico nacional exhaustivo sobre el flagelo, tal como lo solicitó esa instancia de las Naciones Unidas.

En México, la impunidad es generalizada, perdura como patrón crónico y favorece a la perpetración de las desapariciones forzadas, reportó El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas.

Al presentar este martes un informe relativo a su visita a México del 18 al 31 de marzo del 2011, al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidad (ONU), en Ginebra, Suiza, durante el 30 periodo de sesiones de esta instancia, los expertos que integran esa instancia indicaron que el Estado mexicano ha presentado pocos avances para frenar el problema de las desapariciones de personas en México.

El 16 de enero del 2015, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias envió al gobierno de México la solicitud de proporcionar información sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones que fueron formuladas en el informe

Al respecto, los expertos consideraron preocupante que la situación se haya incluso deteriorado desde la fecha de esa misión. El informe indica que está pendiente un diagnóstico nacional exhaustivo sobre el flagelo, tal como lo solicitó esa instancia de las Naciones Unidas.

El grupo explicó que el diagnóstico recomienda desarrollar medidas integrales que aborden la cuestión.

Asimismo, reportaron una preocupante situación de acceso a la justicia y sobre el combate a la impunidad, los cuales siguen siendo un reto en México. La impunidad favorece la perpetración de las desapariciones forzadas, reportaron.

El documento destaca que la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, en septiembre del 2014, además de las investigaciones tardías y deficientes que le siguieron, demuestran con crudeza la falta de reconocimiento de la dimensión de ese problema en el país.

Sobre las reformas constitucionales en derechos humanos y la adopción de la nueva Ley de Amparo y la Ley General de Víctimas en México, el grupo de la ONU instó al Estado a redoblar sus esfuerzos para garantizar la plena implementación.

En el marco del 30 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los subsecretarios de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, y para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo, además del subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Eber Omar Betanzos, entregaron al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, una actualización de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa