Se advirtió que si bien la normativa que pretende regular el uso del cannabis en el país sudamericano aun no se ha aplicado en su totalidad, "es contraria a lo dispuesto en los tratados de fiscalización internacional de drogas".
El Observador de Uruguay. En su informe anual de 2016, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) volvió a advertir al gobierno uruguayo acerca de las violaciones de la ley de cannabis a tratados internacionales.
El organismo de la ONU que vigila el cumplimiento de las normas internacionales sobre drogas señala que si bien la normativa que pretende regular el uso del cannabis aun no se ha aplicado en su totalidad, "es contraria a lo dispuesto en los tratados de fiscalización internacional de drogas".
En particular, señala el documento, la ley 19.172, de regulación y control del cannabis, es contraria a la Convención de 1961, que en su artículo 4 establece que los Estados partes están obligados a "limitar exclusivamente la producción, la fabricación, la exportación, la importación, la distribución, el comercio, el uso y la posesión de estupefacientes a los fines médicos y científicos".
Uruguay no estaría respetando por otra parte la Convención de 1988, que establece que como estado parte está obligado a adoptar "las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho interno (...) la producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la oferta, la oferta para la venta, la distribución, la venta, la entrega en cualesquiera condiciones, el corretaje, el envío, el envío en tránsito, el transporte, la importación o la exportación de cualquier estupefaciente".
La Junta había expresado ya esa postura cuando se aprobó la ley en 2013, y ahora afirma que continuará el diálogo con el gobierno para que se cumpla con esos tratados.
Según declaraciones de agentes de Policía que recoge el informe –tras una visita realizada en 2015- desde la aprobación de la ley el tráfico de cannabis no ha tenido variaciones, sino por el contrario, "es posible que los grupos delictivos organizados se hayan beneficiado en el período previo al establecimiento del sistema de farmacias minoristas".
El periodista uruguayo Christian Mûller, informó en Berlín que, la JIFE cuestiona la legalización del cannabis pero asegura que los países prohibicionistas no están obligados a encarcelar a los usuarios.
Mayor consumo. La JIFE afirma en su informe que Uruguay es el país de América del Sur que ha experimentado un mayor aumento en la prevalencia anual del consumo de cannabis. Entre 2001 y 2011, se multiplicó por seis. "El Gobierno del Uruguay confirmó que la prevalencia anual del consumo de hierba de cannabis seguía siendo alta, el 9,3% de la población adulta", señala el informe 2016 de la JIFE.
El organismo señala por otra parte que "suscitan graves preocupaciones" las incautaciones de cannabis en la región. En Uruguay, por ejemplo, fue de un total de 1.457 toneladas en 2014.
La Junta se refiere por otra parte al consumo de cocaína. Asegura en ese sentido que en Uruguay se registró el mayor cambio de América del Sur, y entre 2001 y 2011 se pasó de 0,2% a un 1,9%.
En cuanto al consumo de esa sustancia entre los estudiantes de enseñanza secundaria Uruguay permaneció estable, al igual que Brasil y Chile, aunque con una tendencia al alza, dice el informe.