En su defensa del titular de Educación, el gobierno argumentó que las denuncias de lucro en las universidades no fueron atendidas por la oposición cuando estuvo en el poder (1990-2010).

La oposición de centro izquierda en Chile defendió la acusación constitucional que fue presentada contra el ministro de Educación, Harald Beyer, argumentando que el secretario de Estado no fiscalizó la existencia de lucro en las universidades privadas.

"En la comisión del lucro nosotros dijimos que había responsabilidad durante 20 años en lo que ocurría, la diferencia es que a este ministro se le ha dicho majaderamente, porque éste era un secreto a voces, pero este secreto estalló", dijo la diputada Alejandra Sepúlveda, del centrista Partido Regionalista de los Independientes (PRI).

El ministro "tenía los argumentos, la evidencia, toda la documentación necesaria para poder fiscalizar y no lo hizo; ésa es la diferencia entre los otros ministros y éste", agregó la legisladora.

La oposición de centro-izquierda anunció la presentación de una acusación constitucional contra el ministro de Educación, en una acción que busca la destitución del secretario de Estado y su inhabilitación para ocupar cargos públicos.

La oposición, con ajustada mayoría en el parlamento, acusa a Beyer por notable abandono de deberes, al no fiscalizar la existencia de universidades privadas que obtienen utilidades de su ejercicio, lo cual configura un delito según la legislación chilena.

"Hemos seguido este tema durante meses para que el ministro pudiera rectificar y hacer las cosas como corresponde, pero no lo ha querido hacer y ésta es la única herramienta que tenemos para obligarlo a decir la verdad y que haga su trabajo", agregó Sepúlveda.

"El hizo caso omiso a la comisión investigadora, por eso lo único que nos queda es la acusación constitucional", reiteró la legisladora.

Los alcances de la existencia de lucro en la educación fue desnudada por el cierre de la Universidad del Mar el año pasado, una institución que albergaba a 18.000 estudiantes y cuyos dueños, hoy procesados por la justicia, obtenían fuertes utilidades en base al cobro a sus estudiantes, mediante complejas operaciones financieras.

La crisis del sistema educativo chileno fue advertida por la movilización estudiantil de 2011, el mayor movimiento social desde el retorno a la democracia al país en 1990, en unas protestas que minaron seriamente la popularidad del gobierno del presidente Sebastián Piñera y causaron serios problemas políticos a su administración.

La comisión investigadora "identificó a la Universidad del Mar como la punta del iceberg de las irregularidades, pero eso no quería decir que otras casas de estudio no incurrieran en los mismos ilícitos. Sin embargo, Beyer no fiscalizó a ninguna de las otras universidades; fue el último en fiscalizar, y sólo a una universidad", indicó la dirigente opositora.

En su defensa del titular de Educación, el gobierno argumentó que las denuncias de lucro en las universidades no fueron atendidas por la oposición cuando estuvo en el poder (1990-2010), y que fue precisamente el ministro actual quien la abordó.

En tanto, los estudiantes han respaldado la acusación, aunque también han incluido a la oposición como co-responsable de la crisis actual.