"Llamo al país a desconocer este decreto que coloca a Maduro por encima de la Constitución", dijo el líder opositor Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial. "No va a resolver ningún problema".
Caracas. La oposición venezolana dijo este martes que desconocerá el estado de excepción decretado por el presidente Nicolás Maduro, lo que amenaza con elevar la tensión en el país cuando se han agudizado la escasez de bienes y las largas filas para adquirirlos.
Maduro firmó el viernes un decreto de excepción y emergencia económica, que prorrogará durante todo el 2016, con el argumento de que requiere poderes especiales para luchar contra la "guerra económica" de empresarios y políticos opositores, a los que responsabiliza por la crisis que sufre Venezuela.
Sin embargo, la oposición sostiene que las largas filas para adquirir alimentos y medicinas y las constantes fallas en los servicios públicos son el corolario de más de tres lustros de políticas socialistas que han arruinado a la industria local y agravado la dependencia de los precios del crudo.
"Llamo al país a desconocer este decreto que coloca a Maduro por encima de la Constitución", dijo el líder opositor Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial. "No va a resolver ningún problema".
El decreto requiere la aprobación de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Sin embargo, en enero, al ser rechazada por el parlamento una ley similar, fue al Tribunal Supremo de Justicia que la declaró vigente.
En una conferencia de prensa, Maduro dijo este martes que las largas filas, los recientes saqueos en algunas ciudades del país petrolero y los llamados a marchar de la oposición buscan sembrar el caos con el fin ulterior de desbancarlo.
"Estamos siendo víctimas de la agresión mediática, política y diplomática y de las amenazas más graves que ha vivido nuestro país en los últimos 10 años", dijo. "Esta campaña precede la búsqueda de los justificativos para una intervención general en nuestro país".
Potestad para controlar e intervenir. Entre las prerrogativas que el Ejecutivo se adjudicó con el decreto, que circuló el martes, están el control del presupuesto sin contraloría, la posibilidad de intervenir empresas y bienes privados con el fin de garantizar el abastecimiento y la facultad de establecer límites máximos de acceso a bolívares.
Además, permite la suspensión temporal de sanciones contra las máximas autoridades del Gobierno y la agilización de la burocracia para expandir las compras estatales.
Maduro también podrá dar atribuciones "extraordinarias" a las autoridades para garantizar -incluso mediante la intervención de las fuerzas armadas- la distribución de productos de primera necesidad.
Los ingresos de Venezuela se hundieron fuertemente en el último año debido al colapso de los precios del petróleo -el combustible de la economía local-, a lo que se sumó el fenómeno climático de El Niño, que ha provocado sequías que han afectado el nivel de embalses clave para la generación de electricidad.
Los pronósticos para la economía venezolana en 2016 no son los mejores: el Fondo Monetario Internacional (FMI), por ejemplo, espera una inflación récord de 720% y una contracción económica de un 8%.
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A la calle. La semana pasada, miles de opositores salieron dos veces a las calles de Caracas y las principales ciudades del país para acompañar a la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en su reclamo ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), convencidos que el ente dilata una convocatoria a referendo revocatorio contra Maduro para el cual recogieron firmas.
La oposición marchará nuevamente este miércoles en busca de una respuesta del árbitro electoral ya que si el referendo no se realiza este año, la Constitución establece que, en caso de que Maduro sea revocado, sería el vicepresidente quien concluiría el mandato sin celebrarse elecciones.
"El Gobierno no quiere revocatorio. Es obvio. Ellos quieren que todo siga igual, que el país se siga destruyendo", dijo Capriles. "El revocatorio sí se puede y se va a hacer este año 2016. Es un derecho constitucional".
A inicios de mayo, la MUD presentó 1,85 millones de firmas con las que busca activar el revocatorio. Según el reglamento, el CNE tenía cinco días para revisar las planillas, pero una de las rectoras sugirió que el árbitro tiene hasta 30 días.
"El impedimento del referendo revocatorio (...) podría ser un motor importante de malestar social", dijo la firma Eurasia en una nota a clientes. "Las condiciones continuarán deteriorándose y es probable que el descontento social continúe aumentando en los próximos meses".
