La Mesa de la Unidad, entidad que reúne a partidos y organizaciones opositores al gobierno venezolano, consideró que Chávez está en la obligación de aclarar con prontitud la veracidad o no de las denuncias efectuadas por Colombia en la OEA.

La Mesa de Unidad apuntó a la obligación del presidente Hugo Chávez de aclarar pronto a Venezuela y a la comunidad internacional la veracidad o no de las denuncias efectuadas por Colombia en la OEA, tras las denuncias del embajador venezolano ante ese organismo respecto a la existencia en el país de campamentos de guerrilleros y presencia de terroristas con el conocimiento de las autoridades.

"No es con evasivas y argumentos inconsistentes como deben ventilarse estas denuncias. La vía de una comisión internacional de verificación no debe ser desechada a priori, pues podría interpretarse como un reconocimiento a que tales acusaciones estarían bien fundadas”.

El organismo recordó que ya el pasado viernes el vocero de la entidad Timoteo Zambrano, en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática, planteó la necesidad de verificar los señalamientos hechos por Bogotá, agregó el comunicado de la Mesa de la Unidad, de acuerdo a El Universal.

El movimiento opositor plantea que la ruptura de relaciones entre Venezuela y Colombia es una "medida extrema" que tendrá serias repercusiones para ambos países, en particular para quienes habitan en la zona fronteriza y explicitaron su apuesta por la paz y amistad, a la espera que “el gobierno nacional conduzca las relaciones con el hermano país dentro de criterios de mayor racionalidad”

La Mesa de Unidad también abogó por el restablecimiento de canales de diálogo con las futuras autoridades colombianas que asumirán desde el siete de agosto de este año.

Irresponsabilidad. El movimiento también consideró como una irresponsabilidad tomar una decisión de esta magnitud como "maniobra de distracción de la opinión pública venezolana", la cual se encuentra impactada por el escándalo de los contenedores de comida descompuesta y lo que ello implica.

"Advertimos las serias consecuencias sociales que esta decisión efectista y antipopular puede tener, y, nos comprometemos a trabajar en la próxima Asamblea Nacional para que ese cuerpo cumpla con su deber constitucional de hacer siempre presente al Poder Ejecutivo el carácter nacional que la política exterior debe tener".