El fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), catalogado por la oposición como el punto de quiebre que convierte al Gobierno de Nicolás Maduro en una dictadura, desató algunas protestas mientras crecía la presión externa en su contra.
En una rara crítica interna, la fiscal general de Venezuela dijo el viernes que la sentencia de la máxima corte del país, con la que se adjudicó competencias legislativas, constituye una "ruptura del orden constitucional" y llamó a revisarla.
El fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), catalogado por la oposición como el punto de quiebre que convierte al Gobierno de Nicolás Maduro en una dictadura, desató algunas protestas mientras crecía la presión externa en su contra.
"En las recientes decisiones se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución", dijo Luisa Ortega, durante la presentación de su informe anual. "Lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación".
"Como máxima representante del Ministerio Público, y en nombre de los funcionarios y fiscales, llamamos a la reflexión, que se tomen caminos democráticos, que respetando la Carta Magna propiciemos un ambiente de respeto y rescate de la pluralidad", agregó la poderosa funcionaria, ante el aplauso de los asistentes.
La oposición saludó el pronunciamiento de Ortega, y llamó a una concentración el sábado.
El Ministerio Público, junto al Contraloría y la Defensoría del Pueblo, constituyen el Poder Ciudadano, uno de los cinco poderes públicos de Venezuela. Ortega, de 59 años, ha estado a cargo de la fiscalía desde el 2007 y siempre fue percibida como una figura cercana al Gobierno.
Si bien diversos países han elevado su crítica tras la decisión de la justicia que despoja al Parlamento de su función primigenia, no es habitual que un alto funcionario critique públicamente medidas que puedan favorecer al Gobierno, lo que podría ser una señal de que el apoyo interno a Maduro ya no es unánime.
La noche del miércoles, el supremo venezolano dictaminó que su sala constitucional abarcará el rol de los diputados escogidos a través del voto, desatando la preocupación de varios gobiernos de América y Europa ante lo que consideraron un deterioro del orden democrático.
Horas antes, la sala constitucional también había emitido un decreto que, en la práctica, despoja a los diputados de su inmunidad parlamentaria, abriendo el camino para enjuiciar o apresar a los opositores, que son mayoría en la Asamblea.
¿Más protestas?. La oposición señala a Maduro como el principal responsable de la grave crisis económica que sufre Venezuela, con la inflación más alta del mundo, recesión y escasez de alimentos y medicinas, pero el mandatario sostiene que sus adversarios libran una "guerra económica" con el fin de desbancarlo.
Desde que el presidente asumió en 2013, la oposición ha protestado en las calles para exigir la liberación de presos políticos, elecciones generales y la apertura de un canal humanitario, pero no ha logrado sus objetivos.
Decenas de opositores volvieron a las calles del país petrolero el viernes clamando elecciones.
"Es la hora de movilizarnos. Contra la dictadura no se lucha por horas, es un tema de las mujeres que no tienen comida para darle a sus hijos, de la gente que no tiene medicinas", dijo David Pernia, un estudiante de 29 años en la ciudad andina de Táchira. "El gobierno de Nicolás Maduro que se tiene que ir".
Luego de que diversos países de Latinoamérica y Europa se pronunciaran sobre la crisis en Venezuela, el viernes la presión crecía y el alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos instó al supremo a reconsiderar su decisión de asumir poderes legislativos.
Colombia llamó a su embajador para "informar" sobre la situación y rechazó la agresión a una periodista por parte de efectivos de la Guardia Nacional cuando reporteaba desde la sede del TSJ. Otros medios también denunciaron agresiones y robos de equipo.
Además, el Mercosur convocó a una reunión de urgencia para tratar la situación en Venezuela. Y la OEA celebrará una reunión de su consejo permanente la próxima semana, según dijo el líder opositor Henrique Capriles, tras una reunión con el secretario general del organismo hemisférico, en Washington.
"La administración (de Maduro) se verá sometida a una intensa presión, tanto internamente como desde fuera. Por consiguiente, es probable que el papel de las Fuerzas Armadas sea cada vez más importante", opinó el analista Nicholas Watson, de la consultora Teneo Intelligence.
El Gobierno de Maduro ha rechazado la "intromisión" de los países que atacan su "sistema democrático".
