Pedro Olaechea, ex presidente del Congreso disuelto, presentó un recurso en el Tribunal Constitucional para definir si el presidente Martín Vizcarra tenía la competencia para presentar una "cuestión de confianza" sobre las funciones exclusivas del Parlamento.
Lima. El líder del disuelto Congreso peruano presentó este jueves un recurso en el Tribunal Constitucional con el que busca suspender el cierre del parlamento, alegando que el presidente Martín Vizcarra se excedió de sus atribuciones constitucionales.
El recurso fue presentado por Pedro Olaechea, expresidente del Congreso y ahora líder de la Comisión Permanente del Parlamento disuelto, una instancia con sólo roles administrativos hasta la elección de una nueva cámara.
Según el documento visto por Reuters, Olaechea solicitó al tribunal definir si el presidente Vizcarra tenía la competencia para presentar una "cuestión de confianza" sobre las funciones exclusivas del Congreso; y mientras tanto pidió que se suspenda la disolución "arbitraria" del Parlamento.
El cierre del Congreso no ha recibido la condena de ninguna institución pública u organismo internacional; pero la Organización de Estados Americanos (OEA) sugirió que el Tribunal Constitucional de Perú podría pronunciarse para acabar con controversia legal en torno a la decisión de Vizcarra.
Dos actuales magistrados del Tribunal Constitucional, de los siete miembros, dijeron hace unos días que en caso se presentara este recurso el tema se resolvería en unos tres o cuatro meses.
Vizcarra cerró a fines de septiembre el Congreso tras una larga pugna con la oposición, decisión que recibió el respaldo de las fuerzas armadas, la policía y de la población en las calles, que se manifestó en contra de un desacreditado Parlamento.
La actuación de Vizcarra, cuya popularidad llegó a su nivel máximo esta semana según sondeos, fue detonada justamente por la aprobación por parte del Congreso del nombramiento de un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, que dirime entre otras cosas los conflictos entre poderes del Estado.
La disolución fue rechazada por legisladores liderado por el partido Fuerza Popular de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, quien está presa mientras la investigan por presunto lavado de dinero que habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht.
