El político, que huyó de su país en enero, acusa que hay una persecución política en su contra de parte de sus ex aliados.

No haber asistido a una audiencia le costó caro al ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Este lunes (21.12.2015) el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de ese país ordenó la “detención provisional” del exmandatario, quien es investigado por un caso de escuchas ilegales. Martinelli debió comparecer ante los tribunales, pero no llegó, por lo que fue declarado en rebeldía.

Martinelli se exilió hace casi un año, en medio de un escándalo por escuchas ilegales realizadas presuntamente durante su gobierno (2009-2014). La Corte sostuvo su resolución “con fundamento en la declaratoria de rebeldía en firme dictada el 11 de diciembre” pasado por el juez de garantías, Jerónimo Mejía, ante la inasistencia de Martinelli, quien debía enfrentar ese día las acusaciones del fiscal Harry Díaz, quien pide 21 años de cárcel para el exmandatario.

El político habría autorizado la interceptación ilegal de las comunicaciones a más de 150 personas, entre periodistas, políticos y empresarios. Martinelli abandonó Panamá el pasado 28 de enero, el mismo día que la Corte admitió la primera causa penal en su contra, y en la actualidad, según sus abogados, se encuentra en Miami (Estados Unidos), aunque él nunca ha confirmado su paradero.

Numerosos casos. Desde que se exilió, se dedica a denunciar en las redes sociales que es víctima de una cacería política por parte del actual presidente, Juan Carlos Varela, quien fue su aliado político, su canciller y su vicepresidente, y a quien acusa de “imitar” al venezolano Nicolás Maduro y de tener una “actitud dictatorial y persecutoria”. Además del caso de los pinchazos telefónicos contra opositores, Martinelli tiene otros cinco procesos abiertos por corrupción y la mayor parte de sus ministros se encuentran procesados.

El ex líder conservador, un millonario de 63 años dueño de una cadena de supermercados, también es investigado por presuntamente desviar fondos de un contrato de alimentación escolar por US$45 millones, y es mencionado en otra docena de casos, donde se le investiga por malversación de fondos públicos, cobro de sobornos, espionaje masivo y venta de indultos. Interpol está a cargo de la búsqueda de Martinelli.