Andrés Arias es el primer político cercano al ex mandatario que es encarcelado por la adjudicación de contratos sin el cumplimiento de requisitos y por apropiación a favor de terceros, delitos por los que podría ser sentenciado hasta 15 años de prisión.

Bogotá. Un magistrado ordenó este martes encarcelar a un ex ministro de Agricultura de Colombia, aliado del ex presidente Alvaro Uribe, en una investigación por un sonado caso de corrupción por la entrega irregular de millonarios subsidios agrícolas.

La decisión de enviar a la cárcel a Andrés Felipe Arias la tomó el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Orlando Fierro, una semana después de que la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó para ocupar cargos públicos por 16 años, con lo que puso fin a la carrera política del destacado economista.

Se trata del primer político cercano al ex mandatario que es encarcelado por el escándalo acusado por adjudicación de contratos sin el cumplimiento de requisitos y peculado por apropiación a favor de terceros, delitos por los que podría ser sentenciado hasta 15 años de prisión.

Arias, de 38 años, aspiró en el 2010 a reemplazar a Uribe después de que el ex mandatario quedó impedido para buscar su segunda reelección.

"Imponer en contra del imputado, el ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, medida de aseguramiento consistente en detención preventiva privativa de la libertad en establecimiento carcelario", dijo la resolución de Fierro.

El programa de subsidios agrícolas se diseñó para ayudar a los campesinos a enfrentar la internacionalización de la economía, pero los fondos terminaron en manos de prestantes familias, la mayoría del norte del país.

Algunos de los beneficiarios parcelaron sus haciendas para recibir mayores recursos, de acuerdo con la investigación, que comprobó que millonarios recursos fueron entregados a través de subsidios a personas con poder económico y a empresas que apoyaron la primera reelección de Uribe, en el 2006.

La adjudicación de subsidios agrícolas fue uno de los peores escándalos que afrontó el Gobierno de Uribe, junto con las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de algunos efectivos del Ejército y los seguimientos e interceptaciones ilegales de comunicaciones a magistrados, políticos de la oposición y periodistas.