La jueza Fabiana Palmaghini ordenó cuáles fueron los teléfonos fijos y móviles utilizados por la ex presidenta las semanas anteriores y posteriores a la muerte del fiscal.

Fuentes judiciales informaron que la medida fue dispuesta por la jueza Fabiana Palmaghini y que alcanza, además de a la ex mandataria, a los ex ministros Aníbal Fernández y Héctor Timerman; al ex secretario general de la presidencia y ex titular de la AFI, Oscar Parrilli; a los diputados Andrés Larroque y José Ottavis; al ex jefe del Ejército César Milani y al dirigente social Luis D'Elía.

El requerimiento a la Secretaría General de la Presidencia, a la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y a compañías telefónicas, incluye además los nombres de dirigente de la comunidad iraní Alejandro Khalil, el ex juez de instrucción Luis Yrimia y el líder de la organización Quebracho, Fernando Esteche.

La orden de la magistrada, firmada en las últimas horas, fue por un “insistente” pedido del abogado Pablo Lanusse, letrado de la querellante Sara Garfunkel, madre del fiscal, quien el 18 de enero de 2015 fue hallado muerto con un balazo en la cabeza en el departamento donde residía, en el barrio porteño de Puerto Madero.

La magistrada dispuso además, por pedido de esa querella, que le remitan los registros escritos y de cámaras de seguridad de los ingresos y egresos de la residencia presidencial de Olivos entre el 11 y el 20 de enero del 2015.

También, requirió toda filmación sobre movimientos internos en la quinta de Olivos entre el 11 y el 20 de enero.

Por otro lado, la magistrada -a cargo del expediente- exigió información sobre “los abonados de telefonía celular que fueran asignados durante el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2014 y el 2 de marzo de 2015, tanto por el Poder Ejecutivo como por la Agencia Federal de Inteligencia”.

El argumento con el que Lanusse fundamentó su pedido es un eventual entrecruzamiento de llamadas entre quienes, cuatro días de su muerte, fueron denunciados por Nisman como presuntos encubridores del atentado a la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA).

Esa denuncia fue rechazada por el juez federal Daniel Rafecas, quien días atrás también se opuso a un pedido de reapertura de esa causa.