Organizaciones de izquierda junto a sindicatos y movimientos sociales marcharon ante la convocatoria del Partido de los Trabajadores (PT) en al menos 21 estados de Brasil, en defensa de la democracia y del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.

Organizaciones de izquierda junto a sindicatos y movimientos sociales marcharon durante todo el día ante la convocatoria del Partido de los Trabajadores (PT) en al menos 21 estados de Brasil, en defensa de la democracia y del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, pero también con cuestionamientos al ajuste fiscal propuesto por el Ejecutivo para mejorar la economía.

"¡Tomar las calles por derechos, libertad y democracia! ¡Contra la derecha y el ajuste fiscal!", fue la consigna con la que convocaron a las movilizaciones la Central Única de los Trabajadores (CUT), el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) y el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), entre otras organizaciones.

Las movilizaciones de este jueves fueron un contrapunto a las realizadas el domingo, cuando cientos de miles de personas salieron a las calles a pedir la salida de Rousseff y el juicio político, una bandera promovida por el senador del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Aécio Neves, y su padrino político y ex mandatario Fernando Henrique Cardoso, quien hasta señaló que la presidenta debería renunciar.

Si bien el gobernante PT fue el que llamó a sus militantes y a los movimientos a salir a las calles en defensa del gobierno y la democracia, también sumaron su respaldo el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y el Partido Comunista de Brasil (PcoB) quienes coincidieron en que los pedidos de destitución de la mandataria son "intentos golpistas" de la derecha.

La jornada, además, tuvo dos hechos que potenciaron el valor de las marchas: cuando se conoció la presentación de la denuncia de Procuraduría ante la Corte de Brasil por lavado de dinero contra el jefe de Diputados y principal impulsor del pedido de juicio político contra Rousseff, Eduardo Cunha, y la visita por menos de 48 horas de la canciller alemana Angela Merkel, quien mantuvo un encuentro con Rousseff y tras firmar acuerdos, le dio su respaldo en el momento más adverso de su segundo mandato.

Hasta esta tarde aún no se había informado el número de participantes de las manifestaciones, pero en diversas imágenes pudo verse que acudieron miles de personas en cada punto de reunión y según la Policia Federal en la ciudad de San Pablo a una hora de haber comenzado la concentración había unas 60.000 personas.

En ciudades como Paraná, Belem, Brasilia, Porto Alegre, Natal, Salvador, Rio de Janeiro y San Pablo manifestaron con banderas y remeras rojas, identificadas con los colores del PT, pero también con pancartas que pregonaban por la democracia y contra los intentos de destitución como el "Golpe Nunca Más".

La marcha de apoyo al gobierno y contra el ajuste también se volcó a las redes sociales. En Twitter, bajo el hashtag #AmericaLatinaConBrasil se acompañó a las movilizaciones desde distintas partes del mundo.

En cuanto a las demandas, se destacó la política económica del ministro de Hacienda, Joaquim Levy, cuyo plan de austeridad es considerado por los trabajadores como un retroceso en los avances alcanzados en los últimos años en materia social y laboral.

"¡Contra el ajuste fiscal! ¡Que los ricos paguen por la crisis!", sostuvieron hoy en sus respectivas páginas web la CUT y el MTST. "La política económica del gobierno tira la cuenta (de la crisis) sobre las espaldas del pueblo. En lugar de atacar derechos laborales, cortar inversiones sociales y aumentar impuestos, defendemos que el gobierno ajuste las cuentas sobre los ricos, con impuestos a grandes fortunas, dividendos y remesas de lucros (de multinacionales al exterior), además de una auditoría de la deuda pública", afirmaron.

Pero uno de los blancos de criticas en las marchas, que incluso tuvo su muñeco inflable con el traje de preso, fue el presidente de la Cámara baja denunciado hoy por la fiscalía ante la Corte por lavado de dinero.

El político del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) fue acusado por un empresario de haber exigido sobornos para facilitar negocios con Petrobras, sumida en un escándalo de corrupción.

Aunque integra la coalición de gobierno, Cunha es un enemigo declarado del gobierno de Rousseff, con el que rompió relaciones hace algunas semanas, cuando salió a la luz la denuncia en su contra y es el principal impulsor del juicio político que fue bandera en la marcha opositora del domingo pasado.