Las organizaciones advirtieron su preocupación por una probable aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la cual –acusan- “pretende normalizar la participación de las fuerzas armadas en labores policiales”.

Una decena de organizaciones internacionales advirtieron preocupación por un probable aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la cual –acusan- “pretende normalizar la participación de las fuerzas armadas en labores policiales”.

Amnistía Internacional, La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y otras ocho organizaciones extranjeras más expresan que durante décadas han documentado las afectaciones a los derechos humanos como consecuencia del despliegue de militares en las calles y el uso sostenido de la fuerza pública en la lucha contra la delincuencia organizada en el país.  

Asimismo han observado los retos que enfrenta el sistema de justicia civil para investigar y sancionar los abusos cometidos por la delincuencia organizada y las fuerzas de seguridad, incluyendo fuerzas armadas, así como la impunidad que prevalece en la mayoría de estos casos.

“Ante esta situación, urgimos al Congreso mexicano a rechazar una ley que levanta serias y fundadas preocupaciones y a hacer valer a nivel interno el compromiso con los derechos humanos”, se lee en la declaración conjunta.

Pese al rechazo de organizaciones de la sociedad civil, y opiniones de personas expertas en seguridad y derechos humanos en contra de esta Ley, la Cámara de Diputados está considerando su discusión para el jueves 30 de noviembre, reclaman los organismos defensores.

Asimismo instan al Estado Mexicano a atender las exigencias de las organizaciones sociales que demandan reformas para profesionalizar la policía en todo el país y garantizar una Fiscalía y un Fiscal General autónomos, capaces de investigar delitos y violaciones a derechos humanos.

Apara las organizaciones, a probar la Ley de Seguridad Interior o aprobar modificaciones a las normas en ese sentido, sentarían un precedente sumamente negativo en América Latina.  Al mismo tiempo, pondrían en peligro las importantes reformas en materia de derechos humanos que han sido aprobadas en México, incluidas la del sistema penal acusatorio del 2008, la reforma de derechos humanos del 2011 y la reforma del 2014, que restringió el alcance del fuero militar estableciendo la investigación y el juzgamiento por parte de la jurisdicción civil de violaciones a derechos humanos cometidas por fuerzas armadas en contra de civiles.

En foro aparte, el coordinador del PRD en el Senado de la República, Luis Sánchez Jiménez refirió que es muy probable que la Ley de Seguridad interior se apruebe en San Lázaro, pese a que no tendrá consenso, pues el PRI y sus aliados consiguieron la mayoría que se necesita para sacarla.

“Es una Ley que tiene muchos peligros para la sociedad. La da un cheque en blanco al Presidente de la República para que decida el uso de las Fuerzas Armadas, en cualquier momento, en cualquier lugar, sin dar explicación alguna”, criticó el perredista abordado en la Cámara Alta.

Expresó que de aprobarse esta semana en San Lázaro, la ley llegaría al Senado de la República donde, con el voto de los cinco panistas denominados como “rebeldes”, se lograría la mayoría simple que se requiere para avalar una minuta que proviene de Diputados.