Tras casi 94 años de existencia, el diario La Prensa enfrenta la posibilidad de un cierre definitivo. Según el director general del medio, Jaime Chamorro Cardenal, el rotativo fundado en 1926 tiene insumos para mantenerse en las calles un par de meses más.
La Prensa es el diario de la familia Chamorro, de larga trayectoria en la política y el periodismo en Nicaragua. Los sandinistas lo tienen nuevamente en la mira pues aseguran que durante las protestas sociales de 2018 los medios independientes fueron parte de "un fallido intento de golpe de Estado” de la oposición para derrocar al presidente Daniel Ortega, en el poder desde hace 12 años.
En octubre del año pasado, el gobierno ordenó un embargo aduanero contra La Prensa y El Nuevo Diario, los dos grandes periódicos del país, impidiéndoles retirar sus importaciones de papel y tinta. El Nuevo Diario fue el primero en cerrar a consecuencia de esa medida, el pasado 27 de septiembre.
Según el director general de La Prensa, Jaime Chamorro Cardenal, el rotativo fundado en 1926 tiene insumos para mantenerse en las calles un par de meses más. Más de 92 toneladas de papel están retenidas en Aduanas y el gobierno no accede a levantar el bloqueo.
El diario ha tenido que reducir su personal a la mitad y sus páginas de 36 a ocho. Del poderoso staff de prensa solo quedan 30 periodistas y fotógrafos, quienes pasarían a trabajar a la edición online, dijo a DW el jefe de redacción del rotativo, Eduardo Enríquez, sin descartar nuevos despidos.
Como si del hundimiento de un barco se tratara, la cuenta regresiva continúa. En las últimas 48 horas, La Prensa anunció la desaparición de su suplemento de sátira política "El Azote”, creado en 1994, y de la edición digital del diario "Hoy”, de corte más popular, que circuló durante 16 años.
Una relación difícil. La Prensa siempre tuvo una difícil relación con el poder. Desde su fundación en 1926 se opuso a los caudillos liberales. A mediados del siglo pasado se enfrentó a la dinastía militar de los Somoza, derrocada en 1979 por los sandinistas, cuya censura también desafió a costa de repetidos cierres, el más prolongado de un año y medio.
Su director más famoso fue Pedro Joaquín Chamorro, hermano del actual, y acribillado a tiros por presuntos sicarios del dictador Somoza. Doce años más tarde, en 1990, su viuda Violeta Barrios derrotaría a los sandinistas en las urnas, enviando al comandante Ortega a la oposición por 17 años.
"La Prensa es la institución más antigua de Nicaragua, más perdurable que cualquiera de los partidos políticos que existen hoy”, afirma a DW el experto en comunicación Guillermo Rothschuh. Le siguen en edad las radioemisoras también críticas Corporación, Mundial y Darío, esta última incendiada por activistas sandinistas durante las protestas de 2018 en la ciudad de León (occidente).
A juicio de Rothschuh, el asedio al diario es parte de una estrategia gubernamental para acallar las voces disidentes, tal como lo hicieron los Somoza. "El periodismo está viviendo una situación sumamente difícil, de agresión constante. Somoza fue despiadado con la prensa, pero el gobierno de Ortega no ha cesado de acelerar el cierre de medios, agredir a los periodistas y mandarlos al exilio”, señala.
Según datos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, el año pasado se produjeron más de 1.000 agresiones a medios independientes en el país y al menos 70 comunicadores fueron forzados a exiliarse, entre ellos Carlos Fernando Chamorro, hijo del asesinado director de La Prensa.
"La libertad de prensa sigue en prisión”, advirtió la escritora Gioconda Belli, presidenta de la filial nicaragüense de PEN, la organización mundial de escritores, al recordar que dos periodistas independientes (Lucía Pineda y Miguel Mora) fueron encarcelados por seis meses y su canal de televisión 100% Noticias está ocupado por la Policía desde el 21 de diciembre de 2018.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un comunicado a raíz del cierre de El Nuevo Diario, calificando su desaparición como "una vergüenza para Nicaragua y para el mundo libre”.
Asedio a la libertad. Desde que retornó al poder en 2007, Ortega ha destinado parte de la millonaria ayuda recibida de Venezuela a la compra de emisoras y canales de televisión, además de ampliar la potencia de las radios Nueva Ya y Sandino, propiedad del partido Frente Sandinista desde hace décadas.
"Vamos a usar nuestros medios para que nuestra información salga incontaminada, directa”, anunció entonces Rosario Murillo, esposa de Ortega, vocera oficial y vicepresidenta desde la segunda reelección de su marido en 2016.
Más de una docena de medios oficialistas son manejados o supervisados por los hijos de la pareja presidencial, varios de ellos dedicados al negocio publicitario. También controlan Canal 6 y Radio Nicaragua, que en teoría deberían funcionar como aparatos de prensa del Estado.
Rothschuh recuerda que el gobierno creó muy temprano un dispositivo mediático con el cual logró incidir "de manera determinante” en la sociedad, convirtiendo en papel mojado la Ley de Acceso a la Información, aprobada también en 2007, tras años de lucha de los periodistas.
Para el experto, autor del ensayo "Asedio a la libertad” entre muchos libros sobre comunicación, la estrategia de control oficial sobre los medios comenzó sin embargo a desmoronarse con el estallido de las protestas estudiantiles en abril de 2018, cuando las redes sociales se convirtieron en un espacio abierto de convocatoria a la rebelión cívica.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 328 personas fueron asesinadas, más de 2.000 resultaron heridas y cientos fueron arrestadas cuando la Policía y paramilitares reprimieron las protestas. Otros 130 opositores permanecen todavía en prisión y son reclamados como "presos políticos” por sus familiares.
