En las últimas dos semanas, la fuerza pública aprehendió a cuatro precandidatos opositores que buscaban poner fin a los 14 años consecutivos de Ortega en el poder. En los días siguientes, varios otros han sido detenidos.

La policía de Nicaragua está arrestando a opositores e, incluso, a disidentes del oficialismo en una ofensiva a menos de cinco meses para las elecciones presidenciales de noviembre, lo que representa un desafío para los esfuerzos de Estados Unidos de fortalecer la democracia en Centroamérica.

En las últimas dos semanas, la fuerza pública aprehendió a cuatro precandidatos opositores que buscaban poner fin a los 14 años consecutivos de Ortega en el poder. Su principal rival, Cristiana Chamorro, fue puesta bajo arresto domiciliario el 2 de junio, tras anunciar su intención de postularse a los comicios del 7 de noviembre.

En los días siguientes, varios otros han sido detenidos, incluidos disidentes del movimiento sandinista que llevó a Ortega al poder a fines de la década de 1970, a pesar de la protesta de Washington y de países latinoamericanos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha colocado el fortalecimiento de la democracia en Centroamérica en el centro de su plan de US$ 4.000 millones para frenar los flujos migratorios desde los países del Triángulo Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras.

En respuesta a las detenciones en Nicaragua, así como a las recientes redadas en oficinas de periódicos e inhabilitaciones de partidos políticos, Washington impuso la semana pasada sanciones a miembros de la élite gobernante, incluida la hija de Ortega.

Los nicaragüenses que migran no tienen a Estados Unidos como su primera opción; la mayoría tiende a escoger Costa Rica. Sin embargo, el fracaso de Washington para defender los estándares democráticos en la región podría resonar en el Triángulo Norte, donde la administración de Biden dice que la mala gobernanza es una de las principales razones por las que la gente migra.

Gobernantes centroamericanos como el presidente salvadoreño Nayib Bukele ya están rechazando las críticas estadounidenses a su historial democrático y de derechos humanos, por ejemplo.

"Los líderes centroamericanos se miran en el espejo de sus vecinos, así que un fracaso de Estados Unidos en Nicaragua podría ser visto como una debilidad de la administración (Biden) y envalentonar a otros a seguir con una agenda antidemocrática", dijo a Reuters Tiziano Breda, del International Crisis Group.

En los últimos meses, Nicaragua ha sancionado leyes que facilitan el enjuiciamiento de personas por recibir financiación extranjera y por publicar información "falsa". La Ley 1055, aprobada a fines del año pasado, permite excluir a los candidatos presidenciales si se han pronunciado a favor de las sanciones estadounidenses.

"Dura es la ley, pero es la ley", aseguró la vicepresidenta Rosario Murillo, quien también es esposa de Ortega.

Los diplomáticos dicen que se sorprendieron por la naturaleza descarada de la reciente represión: Chamorro fue detenida mientras el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, estaba en Costa Rica hablando de democracia.

Nicaragua tampoco se mostró intimidada por las sanciones de Washington la semana pasada a cuatro cercanos aliados de la pareja Ortega-Murillo. En cuestión de horas, la policía rodeó la casa de un exdirector de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense, Mario Arana, y emitió una orden de arresto.

Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense, dijo la semana pasada que su país podría ir más allá e imponer amplias sanciones comerciales.

"Nicaragua se está convirtiendo en un paria internacional y se está alejando cada vez más de la democracia", escribió Chung en su cuenta de Twitter.

Pero Breda, el experto en Centroamérica del International Crisis Group, advirtió que las sanciones podrían ser contraproducentes, al aumentar la pobreza en el país de 6,5 millones de habitantes, avivar la migración y desestabilizar aún más la región.

"Antes de recurrir a medidas punitivas habría que intentar, por la vía del acercamiento diplomático, ofrecer incentivos para que Ortega haga ciertas concesiones en las instituciones electorales, liberación de precandidatos a cambio de ofertas de posibles levantamientos de sanciones", aseguró Breda.

Aumenta la presión. Ortega, de 75 años, coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidió Nicaragua por primera vez en 1985. Derrotado en las elecciones de 1990, el exguerrillero marxista retomó la presidencia en 2007 y hoy es el líder americano vivo con más tiempo en el poder.

Chamorro, miembro de una de las familias más influyentes de Nicaragua, era la carta fuerte de la oposición para derrotar a Ortega en las elecciones de noviembre, tal como lo hizo su madre, Violeta Barrios de Chamorro, en 1990.

Sin embargo, la policía la acusó de lavado de dinero y "falsedad ideológica", cargos que ella ha negado.

José Antonio Peraza, miembro de la coalición opositora "Unidad Nacional Azul y Blanco", aseguró que a pesar de que el proceso electoral "está debilitado" la oposición buscará otros candidatos para dar la batalla en las urnas.

"La dictadura quiere que todo mundo diga 'se acabó' (...) pero no podemos renunciar a las elecciones. La única opción que tenemos es la electoral", confesó Peraza en una entrevista con Reuters. "No tenemos otra alternativa".

Defensores de derechos humanos y organizaciones internacionales sostienen que Ortega ha torpedeado las instituciones democráticas de Nicaragua y sofocado la disidencia durante su tercer mandato consecutivo, que inició en 2017.

En 2018, una ola de protestas antigubernamentales desató una represión estatal que dejó más de 300 muertos. La reacción violenta llevó a Estados Unidos a incluir en su lista negra a los principales funcionarios nicaragüenses, incluida Murillo.

Tras las últimas detenciones, la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó el martes su "alarma" por el deterioro político en el país y exigió la liberación de todos los posibles candidatos presidenciales y presos políticos, así como reformas para garantizar elecciones libres y justas.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, sostuvo que los países de la región, en especial Estados Unidos, deberían "aumentar la presión".

"Para frenar esta nueva ola de desquiciamiento no se puede contar con los vecinos —salvo por Costa Rica-. De allí la importancia del rol concertado de Estados Unidos y la Unión Europea. Sin esa presión internacional, los déspotas seguirán reprimiendo", aseguró el abogado chileno.

El año pasado, Estados Unidos desembolsó US$ 32 millones en ayuda para Nicaragua y el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó US$ 185 millones para ayudar al país más grande de Centroamérica a enfrentar la pandemia del coronavirus. Además, Nicaragua recibió apoyos de la UE y el Banco Mundial.

"Su juego es permanecer en el poder por el resto de sus vidas, prácticamente a cualquier costo. Por eso es necesario aumentar el costo", finalizó Vivanco.