El abogado y economista Alfonso Portillo se convirtió este viernes en el primer ex presidente de Guatemala en ser extraditado a Estados Unidos, que lo reclamó por el delito de conspiración para el lavado de dinero por un monto de US$70 millones.

Bogotá, EFE. El ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo fue despachado este viernes en un avión hacia Estados Unidos para responder de acusaciones de lavado de dinero, un tipo de viaje no deseado que han hecho antes otros antiguos mandatarios de América Latina, la mayoría en dirección hacia su propio país.

El primer ex presidente en ser extraditado en América fue el venezolano Marcos Pérez Jiménez (1953-1958), quien fue enviado a su país desde Estados Unidos en 1963 por varios delitos de corrupción.

Fue puesto en libertad en 1968, fue luego elegido senador y murió en España en 2001.

El general Antonio Noriega, "hombre fuerte" de Panamá, el ex presidente peruano Alberto Fujimori y el ex dictador boliviano Luis García Meza están entre los que volvieron extraditados a sus países.

Portillo (2000-2004) hizo el viaje en las dos direcciones, pues antes de esta extradición a EE.UU., fue entregado a Guatemala en 2008 por México, país al que huyó en 2004 luego de entregar el poder al enterarse de que había una orden de captura en su contra por el delito de peculado (malversación).

Otro periplo complicado es el de Noriega, que en 1989 se entregó a militares estadounidenses y fue llevado a EE.UU. para responder de narcotráfico y blanqueo de dinero.

Tras cumplir una larga condena fue extraditado en 2010 a Francia y al año siguiente a Panamá, donde hoy está preso.

También está preso en su propio país Fujimori (1990-2000), quien abandonó Perú en el año 2000 con dirección a Japón, desde donde dimitió como presidente.

Aunque hizo todo lo posible por no regresar, desde casarse con una japonesa hasta intentar ser candidato a presidente otra vez y competir por un puesto en el Senado japonés, no le valió de nada.

En 2007 regresó a Perú extraditado desde Chile y en 2009 fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes contra los derechos humanos, además de recibir otras condenas por corrupción y otros delitos.

El boliviano García Meza, gobernante de facto en 1980-1981, tiene el dudoso honor de ser el primer presidente latinoamericano extraditado y el primer condenado por delitos de lesa humanidad.

Se fugó de la justicia antes de ser condenado por la Corte Suprema a 220 años de prisión y regresó extraditado a su país en 1995, un año después de haber sido detenido en Brasil.

Los otros generales de los "años de plomo" en América Latina, como el recién fallecido exdictador argentino Jorge Rafael Videla (1978-1981), se enfrentaron a peticiones de extradición de otros países pero ninguna fue aceptada, aunque algunos fueron juzgados en sus propios países y condenados.

El chileno Augusto Pinochet, que gobernó Chile con mano dura de 1973 a 1990, murió en 2006 sin haber sido condenado en su país, aunque sí procesado.

Sin embargo, fue detenido en 1998 en Londres en virtud de una orden internacional de búsqueda y captura dictada por el juez español Baltasar Garzón.

El Gobierno español, al igual que los de Suiza y Francia, llegó a pedir la extradición de Pinochet, que se había arriesgado a salir de Chile para operarse pese a que había contra él cerca de 400 querellas criminales en su país y otros.

Sin embargo, las autoridades británicas rechazaron esas peticiones y le dejaron libre el 2 de marzo del año 2000, exactamente 503 días después de su detención.

Por su parte, la Corte Suprema de Perú rechazó en 2012 una solicitud de Argentina para la extradición del expresidente de facto Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) por los delitos de tortura, asociación ilícita y secuestro, como antes había hecho con una petición italiana en el mismo sentido.

El exdictador paraguayo Alfredo Stroessner (1954-1989), que vivió como asilado político en Brasil desde 1989 hasta su muerte en 2006, sorteó con éxito varias peticiones de extradición planteadas por Paraguay.

En 2004 Argentina pidió a Chile la extradición del expresidente Carlos Menem, por una causa por presuntos hechos de corrupción en la licitación para la construcción de dos cárceles, pero le fue denegada.

Lo mismo ocurrió con la solicitud de extradición del expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) y (2002-2003), que Bolivia presentó en 2008 a Estados Unidos para que respondiera de la acusación de genocidio por su presunta responsabilidad en la muerte de más de 60 personas en 2003.

Otras solicitudes de extradición que no prosperaron fueron las del venezolano Carlos Andrés Pérez, el ecuatoriano Abdala Bucaram, los guatemaltecos Jorge Serrano y más recientemente Efraín Ríos Montt, el nicaragüense Arnoldo Alemán y el haitiano Raúl Cedrás.