Si el presidente Daniel Ortega no presta atención a los llamados de sus oponentes para que se haga a un lado, el grupo de familias ricas dicen que financiarán a los candidatos opositores en las próximas elecciones presidenciales de 2021.
Managua. Cuando la policía nicaragüense detuvo su camioneta de lujo, el empresario José Aguerri pensó que era una parada de rutina.
De repente, un grupo de hombres se acercó al vehículo mientras los policías esperaban y observaban. Unas rocas golpearon el auto y un disparo de balines hizo añicos la ventana del conductor. Luego, Aguerri pisó el acelerador y escapó.
Al recordar el incidente de septiembre, en la ciudad occidental de León, que fue corroborado por tres pasajeros e imágenes de teléfonos celulares, Aguerri dijo que no tiene dudas de quién ordenó el ataque: el gobierno de Daniel Ortega.
"Fue un mensaje para el sector privado", dijo Aguerri, el presidente del influyente Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) de Nicaragua.
Ni el Gobierno ni la policía respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las acusaciones de Aguerri.
Lo que está claro es que se ha fragmentado una alianza heterodoxa entre Ortega, un exguerrillero marxista, y los capitalistas más poderosos del país centroamericano.
Después de una década de trabajar con el presidente para hacer crecer la economía, la élite empresarial ahora busca desbancarlo tras una violenta represión de la fuerza pública contra manifestantes que, en 2018, dejó más de 325 muertos, 2.000 heridos y alrededor de 600 encarcelados.
Los adversarios adinerados de Ortega incluyen alrededor de una docena de las familias más ricas, conocidas como el "gran capital". Dos miembros de este exclusivo grupo, que rara vez habla con los medios, conversaron con Reuters, al igual que seis destacados empresarios. La mayoría pidió no ser identificado por temor a represalias.
Si Ortega no presta atención a los llamados de sus oponentes para que se haga a un lado, dicen que financiarán a los candidatos opositores en las próximas elecciones presidenciales de 2021, un esfuerzo que algunos estimaron podría costar entre US$20 millones y US$25 millones.
"El dinero comenzará a fluir. No hay duda", dijo a Reuters un empresario de una familia del "gran capital".
La lucha política ha golpeado la economía de la pequeña nación de 6,2 millones de personas y amenaza la relativa estabilidad de un país que ha evitado en gran medida la migración masiva que afecta a sus vecinos. Sin embargo, más de 80.000 nicaragüenses han huido del país desde que comenzaron las protestas en abril de 2018, según la ONU.
Ortega, cuyo mandato finaliza en enero de 2022, ha calificado a sus adversarios como "golpistas" y "terroristas". Él y sus aliados han denunciado a la élite corporativa de Nicaragua como evasoras de impuestos y "enemigos del pueblo".
Los empresarios que criticaron abiertamente a Ortega dicen que han perdido contratos públicos y que las autoridades fiscales investigaron sus empresas. Algunos aseguran que han recibido amenazas de muerte y que las milicias armadas progubernamentales les han confiscado tierras.
Michael Healy, un agricultor de frutas y miembro principal del COSEP, sostuvo que estos grupos ahora ocupan alrededor de 4.000 hectáreas de tierras privadas, incluidas tres de las granjas de su familia que fueron invadidas el año pasado.
"(La presión) no va a funcionar", aseguró Healy, quien dijo que estaba en la camioneta con Aguerri durante el ataque de septiembre. Afirmó que la supuesta intimidación sólo ha endurecido su resolución de cambiar el gobierno de Nicaragua.
A pesar de que Ortega tiene la situación bajo control, los disturbios en otras partes de Latinoamérica, incluida la renuncia del presidente boliviano Evo Morales, un aliado de Ortega, han aumentado la tensión en Nicaragua.
En los últimos días, 16 mujeres nicaragüenses iniciaron huelgas de hambre en dos iglesias, incluida la catedral de la capital, Managua, para presionar por la liberación de familiares que, según dicen, fueron encarcelados por protestar contra el gobierno de Ortega.
La policía rodeó rápidamente las iglesias y arrestó a 13 activistas que llevaron agua a los huelguistas de hambre. Más tarde, la Fiscalía los acusó de poseer armas, cargos que Naciones Unidas ha llamado "falsificados".
"Las personas como Ortega, que tienen un control algo cuestionable del poder, están nerviosas", dijo Javier Gutiérrez, un analista regional y exdiplomático comercial. "Es una situación muy delicada".
"Una olla a presión que explotó". La animosidad entre los ricos de Nicaragua y Ortega, de 74 años, no es nueva.
El excomandante rebelde entrenado en Cuba fue parte de la resistencia que derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979.
Una vez en el poder, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Ortega nacionalizó bancos y se apoderó de las posesiones de magnates industriales y barones de la tierra mientras luchaba contra los Contra que, respaldados por Estados Unidos, buscaban derrocar al nuevo gobierno socialista.
Elegido presidente en 1984, Ortega perdió la reelección ante Violeta Barrios de Chamorro luego de un solo mandato de cinco años mientras la economía se tambaleaba. La élite empresarial, muchos de los cuales habían huido al extranjero, observaron nerviosamente cómo Ortega fue reelegido en 2006.
Pero esta vez los cortejó con una agenda amigable para los negocios. Los miembros del COSEP fueron nombrados en juntas directivas de empresas estatales y de entidades públicas, desde donde ayudaron a impulsar iniciativas favorables al mercado.
Los críticos del COSEP dicen que la organización dijo poco cuando Ortega abolió los límites del mandato presidencial y afianzó el control de los tribunales y la policía.
"Solo querían seguir haciendo negocios, lo cual no es un crimen, pero no se dieron cuenta del precio que iban a pagar por eso en términos del daño a la democracia", comentó Eduardo Enríquez, editor de La Prensa, el periódico más grande del país.
Aguerri dijo que el COSEP desafió los movimientos de Ortega para debilitar las instituciones, y que eligió colaborar con su gobierno para ayudar a Nicaragua.
Entre 2010 y 2017, la economía de Nicaragua se expandió en un 5% anual, una de las tasas más altas en Latinoamérica, mientras la inversión extranjera no paraba de llegar.
Pero los buenos tiempos terminaron abruptamente el año pasado. Lo que comenzó como una protesta contra las reformas al sistema de seguro social se transformó en una disidencia más amplia contra el gobierno de Ortega.
Imágenes televisadas mostraban a la policía disparando contra manifestantes desarmados y milicias progubernamentales atacando a pensionistas y estudiantes con bates de béisbol.
La Organización de Estados Americanos (OEA) denunció la violencia dirigida por el Estado como "crímenes de lesa humanidad" y Estados Unidos ha impuesto sanciones a la familia y aliados de Ortega.
Ortega se ha defendido asegurando que las potencias occidentales diseñaron las manifestaciones para derrocar a su gobierno elegido democráticamente.
La economía de Nicaragua se contrajo un 3,8% el año pasado y se espera que lo haga un 5% este año, según el Banco Mundial.
"Estábamos tan cegados por este crecimiento, estabilidad y seguridad", dijo un miembro de una prominente familia de negocios del norte de Nicaragua. "Fue como una olla a presión que explotó"
Ayuda a los presos políticos. Cinco magnates nicaragüenses, incluido el multimillonario Carlos Pellas, propietario del conglomerado Grupo Pellas, sostuvieron conversaciones privadas con Ortega a principios de este año.
En ellas, instaron al Gobierno a negociar con la Alianza Cívica, una coalición que incluye estudiantes, agricultores y grupos de la sociedad civil, así como el COSEP. Pero esas discusiones se rompieron. El COSEP dijo que ya no está en comunicación con el gobierno de Ortega.
Los empresarios dicen que ahora están concentrados en financiar a un candidato de la oposición con la esperanza de derrotar a Ortega en las urnas en 2021.
Para tener una oportunidad, la oposición necesitaría unirse tras un candidato único para evitar dividir el voto. Pero cualquier candidato considerado cercano al "gran capital" probablemente sería rechazado por los pobres, que constituyen la mayor parte del electorado y ven con recelo a las élites nicaragüenses, dijo Enríquez, el editor de La Prensa.
"Después de Ortega, las grandes empresas son la segunda figura más desconfiada de la política", sostuvo.
Sin embargo, las élites de Nicaragua ayudaron a pagar algunas facturas médicas y los honorarios de los abogados de los manifestantes, dijeron a Reuters tres prominentes empresarios.
Esta ayuda se ha ganado la enemistad de Ortega, quien ha condenado a "los que financian el terrorismo". El año pasado, su gobierno aprobó leyes radicales contra el "terrorismo" con largas penas de prisión.
Los líderes empresariales dicen que les preocupa que se use la nueva legislación en su contra mientras buscan derrotar a Ortega.
"Va a ponerse desagradable", dijo un empresario nicaragüense.
