En un documento, los firmantes del Pacto por México detallaron que durante las reuniones celebradas el fin de semana decidieron "blindar los procesos electorales y los comicios" que se celebrarán el 7 de julio próximo en 14 de los 32 estados del país.

México, EFE. El gobierno y los tres principales partidos de México acordaron castigar a las autoridades que desvíen recursos de programas de combate a la pobreza con fines electorales, entre otras medidas para garantizar "limpieza e imparcialidad" en los comicios.

En un documento emitido este lunes, los firmantes del Pacto por México detallaron que durante las reuniones celebradas el fin de semana decidieron "blindar los procesos electorales y los comicios" que se celebrarán el 7 de julio próximo en 14 de los 32 estados del país.

La decisión llega después de que el 17 de abril el conservador Partido Acción Nacional (PAN) difundiera unos vídeos y grabaciones en los que aparecían funcionarios del estado de Veracruz, gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ofreciendo apoyos sociales a cambio de promesas de voto.

El escándalo abrió una crisis política entre el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, del PRI, y los principales partidos de la oposición, que han amenazado con salirse del Pacto por México, firmado el 2 de diciembre pasado para impulsar las reformas clave del país, si las componendas continúan.

Durante el fin de semana, representantes del PRI, PAN, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Gobierno decidieron suscribir un documento que contiene dieciocho puntos.

En el texto "repudian cualquier acto ilegítimo o ilegal que realicen las autoridades de cualquiera de los órdenes de Gobierno, sin importar su origen partidario", y señalan que "harán lo necesario para prevenirlos y, en su caso, castigarlos".

Los signatarios del Pacto propondrán "a los gobernadores y alcaldes" un acuerdo que los comprometa a abstenerse de realizar entregas de apoyos gubernamentales en los 45 días previos a las elecciones".

Además, promoverán entre los gobernadores del país "un compromiso político de no utilizar recursos públicos, no entregar despensas, ni materiales plásticos ni textiles", supervisado por "alguna organización ciudadana".

"La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investigará las cuentas bancarias de todos los Gobiernos de los estados de las cuales se hagan retiros en efectivo por cantidades relevantes", agrega otro de los acuerdos.

Uno más establece que "observadores electorales nacionales e internacionales" serán convocados para las elecciones del 7 de julio.

A más largo plazo y como "acuerdos estructurales" para erradicar el uso electoral de los programas sociales en México, las partes impulsarán iniciativas para "fortalecer la profesionalización de los delegados y operadores de los programas sociales" federales.

En declaraciones a MVS, el analista Sergio Aguayo consideró lo acordado "un parche mal puesto" para prevenir nuevos abusos, mientras el historiador Lorenzo Meyer estimó que el documento demostraba preocupación en el gobierno por lo ocurrido.

El PAN, cuya comisión política se reúne hoy para evaluar si permanece o no en el Pacto por México, ha pedido la destitución de la ministra de Desarrollo Social, Rosario Robles, por los hechos detectados en Veracruz, algo que hasta el momento rechaza Peña Nieto.