En declaraciones a Radio Fórmula, el abogado de los familiares de las víctimas, Vidulfo Rosales, indicó que el encuentro se llevará a cabo este martes 24 de febrero en el puerto de Acapulco.

México. Los padres de los 43 estudiantes que desaparecieron el 26 de septiembre pasado en México se reunirán el próximo martes con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, para hablar sobre la revisión de los cuarteles militares.

En declaraciones a Radio Fórmula, el abogado de los familiares de las víctimas, Vidulfo Rosales, indicó que el encuentro se llevará a cabo en el puerto de Acapulco.

"Solo falta confirmar la hora", apuntó tras reconocer que el acercamiento con el Gobierno "ha sido un poco complejo".

"El tema específico es la revisión de cuarteles", sobre todo los "centros de detención" y donde se realizan los interrogatorios, "porque si nos enseñan la pista, las canchas, eso no tiene ningún sentido", afirmó.

El letrado explicó que los familiares ya aceptaron el formato: "entraría una comisión de padres" de los jóvenes que desaparecieron en Iguala a manos de policías corruptos y criminales, así como una delegación "muy pequeña de estudiantes" de la Normal Rural de Ayotzinapa.

"Estamos conscientes de que puede no haber resultados positivos, pero tampoco podemos especular; no estamos diciendo que ahí estén los compañeros, simplemente queremos agotar ese trámite que está pendiente con el Ejército", señaló.

El Gobierno mexicano aceptó hace ya varias semanas la petición de los familiares de que se les permitiera buscar a los jóvenes en cuarteles militares, aunque después aclaró que el acceso solo sería al 27 Batallón de Infantería, ubicado en Iguala.

Los padres reclaman al Gobierno que investigue el papel del Ejército en los hechos violentos del 26 de septiembre, en los que también murieron seis personas y otras 25 resultaron heridas en ataques a tiros perpetrados por policías locales.

El Gobierno ha rechazado tajantemente la participación de las fuerzas federales y la fiscalía se ha negado a abrir una línea de investigación sobre ello.

La Fiscalía aseguró a finales de enero que comprobó científicamente que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en un basurero por miembros del cártel Guerreros Unidos al creer que pertenecían al grupo antagónico Los Rojos, una versión en la que no creen los familiares.