"Las instituciones se han visto rebasadas, los tejidos están rotos, la delincuencia está por todas partes en todos los niveles de gobierno (...)", dijo Omar García, uno de los estudiantes que vivió la noche de violencia del 26 de septiembre pasado en Iguala.

México. Los padres de varios de los jóvenes que desaparecieron hace 34 días en México, decepcionados por la reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, llamaron este jueves a la sociedad a movilizarse para exigir justicia a unas instituciones que consideran "rebasadas" por el crimen organizado.

"Las instituciones se han visto rebasadas, los tejidos están rotos, la delincuencia está por todas partes en todos los niveles de gobierno, no podemos seguir así, tenemos muertos, mutilados", dijo Omar García, uno de los estudiantes que vivió la noche de violencia del 26 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero.

En declaraciones a la emisora MVS, el joven anunció que en los próximas semanas los alumnos de la Normal de Ayotzinapa, a la que pertenecen los 43 estudiantes desaparecidos a manos de policías y criminales, recorrerán "el país en una caravana civil y pacífica para que podamos poner a debate (...) este problema".

El gobierno, dijo, "ha dejado crecer ese problema, se ha hecho de la vista gorda", por eso el joven hizo un "llamado a la comunidad estudiantil, a las organizaciones sociales (...) a que se sumen a este movimiento", que exige el retorno con vida de sus compañeros.

Los familiares y estudiantes de la Normal están convencidos de que están vivos y que el gobierno mexicano no ha hecho los esfuerzos suficientes para encontrarlos.

"Hemos levantado la mano contra el Estado mexicano, pero al hacerlo también es contra la delincuencia organizada", apuntó García, y añadió: "en adelante no vamos a estar seguros (...) porque cuando el movimiento se apague cuando aparezcan nuestros compañeros" nadie "nos va a amparar" contra los grupos criminales.

Sin embargo, apuntó, "la sociedad entera tiene que saber que hemos tenido muchos conflictos en el estado", que las escuelas rurales han sido "abandonadas" y sus estudiantes estigmatizados, y destacó que seguirán luchando hasta que sus derechos sean respetados.

Sobre esa noche del 26 de septiembre en Iguala, en la que murieron seis personas, narró que a uno de sus compañeros, Julio César Mondragón, lo apartaron unos 150 metros del lugar y le retiraron la piel del rostro, porque "cuando lo sometieron él tuvo la valentía de escupirle en la cara al agresor".

También dijo que esa noche el Ejército tardó mucho tiempo en llegar, a pesar de que sus instalaciones están a solo "cinco minutos", y cuando apareció trató con "lujo de violencia" a un grupo de estudiantes que había logrado escapar, incluso a uno de ellos que estaba gravemente herido.

Tomaron los nombres y fotografías de todos, dijo García, quien negó las versiones publicadas en algunos diarios de que en los autobuses en los que se desplazaban estuvieran infiltrados miembros del grupo criminal Los Rojos, rival del cártel Guerreros Unidos y que, según testimonios de los detenidos, participaron en los hechos.

"No había armas, no había gente infiltrada", esos señalamientos "son una ofensa para los padres de familia y para nosotros", aseguró y recordó que para ellos, jóvenes campesinos de escasos recursos, llegar a la Normal es una "oportunidad única", una salida a la conflictiva situación de Guerrero.

Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, uno de los 43 jóvenes desaparecidos, dijo estar decepcionado de la reunión de casi seis horas que sostuvieron con Peña Nieto y subrayó que esperaba "más": un mensaje de esperanza, mayor eficacia en la búsqueda, resultados "más rápidos".

"Estoy igual, como al principio", lamentó.

Navarrete hizo hincapié en que no fue al encuentro con el presidente a "pedir un favor" o una "limosna", sino a "exigir justicia", porque fueron "personas del Gobierno quienes cometieron el atropello contra nuestros hijos indefensos", dijo.

También en declaraciones a MVS, el abogado del centro de derechos humanos Agustín Pro Juárez Santiago Aguirre reiteró el "amplio llamado a la sociedad a sumarse a la exigencia de que aparezcan los jóvenes" y a que este caso sea un "punto de no retorno" para que el Estado responda ante las desapariciones de miles de personas en este país.