Las medidas llegan luego que Caracas incluyera a empresas y funcionarios panameños, entre ellos el presidente Juan Carlos Varela, en una lista de riesgo para su sistema financiero, después de que Panamá hiciera lo mismo con Maduro y otros funcionarios y firmas venezolanas.

Caracas/Ciudad de Panamá. Panamá decidió este jueves retirar a su embajador en Venezuela y el gobierno del presidente de Nicolás Maduro llamó a consultas a su representante diplomático en Ciudad de Panamá, en un repunte de la tensión entre ambas naciones.

Las medidas llegan luego que Caracas incluyera a empresas y funcionarios panameños, entre ellos el presidente Juan Carlos Varela, en una lista de riesgo para su sistema financiero, una semana después de que Panamá hiciera lo mismo con Maduro y otros funcionarios y firmas venezolanas.

"El gobierno de Panamá ha decidido retirar a su embajador en la República Bolivariana de Venezuela, Miguel Mejía, y solicita al gobierno venezolano retirar a su embajador acreditado en Panamá, Jorge Durán Centeno", dijo la Cancillería de Panamá.

Más tarde el jueves, el vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Tareck El Aissami, anunció que Maduro decidió llamar a consultas a su embajador tras calificar como "soberanas" las medidas adoptadas por Caracas.

"El Gobierno Bolivariano rechaza la inaceptable agresión del antipopular y corrupto gobierno del presidente Juan Carlos Varela, en contra del pueblo de Venezuela. El presidente Varela pretende distraer la atención de la grave descomposición moral que atraviesa su gobierno", escribió el funcionario en Twitter.

El Gobierno venezolano puso temporalmente en una lista de riesgo para su sistema financiero y económico a compañías de Panamá como la aerolínea Copa, una de las pocas que ofrecen vuelos internacionales a Venezuela.

Tras la medida, el instituto de aeronáutica venezolano, INAC, anunció la suspensión de los vuelos de Copa que llegan a Venezuela durante 90 días, a partir del 6 de abril.

Más tarde, la aerolínea se comprometió, a través de un escueto comunicado, a reembolsar sin penalidades a quienes tienen boletos hacia y desde Venezuela en los próximos tres meses. Sin embargo, no emitió una opinión sobre la medida.

La resolución venezolana, firmada por tres ministros del gabinete del presidente Maduro, recayó sobre un total de 46 compañías y 22 personas de Panamá.

Desde ese país, Varela se burló de la decisión de Caracas.

"No hemos escuchado el rompimiento de relaciones, sino unas sanciones supuestas, una cantinflada y el Gobierno de Panamá va a responder con toda la energía del caso", dijo el mandatario panameño a periodistas en un acto público.

Por su parte, la Cancillería panameña aseguró que las medidas venezolanas son "una reacción política que carece de sustento (...) adoptadas en represalia a las acciones anunciadas por Panamá".

Decisión puede ser prorrogada. La medida de Venezuela, que rige al menos por 90 días, argumenta en su texto que busca proteger al sistema financiero, económico y comercial de Venezuela de un "riesgo inminente" a su integridad. También afirma que se ha detectado el uso recurrente del sistema financiero panameño para movilizar dinero sucio.

En el listado, el Gobierno venezolano incluyó también a la vicepresidenta panameña, Isabel de Saint Malo, y al ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán.

No quedó claro de inmediato cuáles serán las consecuencias operativas para las otras empresas y personas panameñas.

Recientemente, varias aerolíneas internacionales han abandonado Venezuela citando la inseguridad y problemas cambiarios que les impiden repatriar sus ganancias. Una de las pocas que quedaba operando para vuelos latinoamericanos era Copa, por lo que la medida temporal aísla aún más al país petrolero.

La decisión que tomó el Gobierno venezolano a raíz de las sanciones que impuso Panamá puede ser prorrogada, agregó el documento que se mostró en la televisión nacional.

Funcionarios venezolanos de alto rango han sido sancionados por Estados Unidos, la Unión Europea y recientemente por Suiza con prohibición de viajes y congelamiento de activos, tras acusaciones de violar los derechos humanos y atentar contra la democracia.