"Hay muchos causas judiciales donde se puede ver la falta de diligencia del Estado en investigar", dijo Celina Giraudy, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
Paraguay deberá responder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a las acusaciones de falta de investigación de más de cien muertes de campesinos en las últimas décadas y del uso "excesivo" de la fuerza, según dijo este lunes a Efe una de las organizaciones que pidieron la audiencia.
"Hay muchos causas judiciales donde se puede ver la falta de diligencia del Estado en investigar", dijo a Efe Celina Giraudy, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), una organización no gubernamental con sedes en Washington y algunas ciudades latinoamericanas.
Esa entidad pidió junto con seis organizaciones de derechos humanos paraguayas la sesión ante la CIDH, que tendrá lugar el próximo viernes en la capital estadounidense.
En ella presentarán un reciente informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), que aseveró que 115 líderes y militantes campesinos fueron asesinados o desaparecidos entre el 3 de febrero de 1989, fecha del fin de la dictadura de Alfredo Stroessner, y el 15 de agosto de 2013.
El documento, bautizado "Informe Chokokue" (campesino, en el idioma guaraní), aporta pruebas "de niveles de responsabilidad individual e institucional del Estado", según Codehupy.
Giraudy indicó que la Justicia paraguaya solo ha emitido ocho condenas "parciales" en las 115 muertes.
La abogada dijo que esos casos se enmarcan en un contexto de violencia contra los campesinos, que incluye el uso de "fuerza excesiva" por parte de la Policía para reprimir manifestaciones, lo que a menudo ocasiona heridas a los labriegos.
Los campesinos realizan protestas frecuentes para exigir a los latifundistas que cumplan las leyes ambientales a la hora de realizar fumigaciones con agrotóxicos, explicó Giraudy.
El objetivo de las organizaciones al pedir la audiencia ante la CIDH es dar a conocer la situación en Paraguay a nivel internacional y escuchar las alegaciones del Estado, dijo la abogada.
Si lo considera pertinente, la comisión podría realizar una visita a Paraguay o elaborar un informe sobre el problema.
La CIDH ya celebró una sesión en marzo pasado sobre el desalojo forzoso de campesinos de tierra que ocupaban, una señal de que le interesa la problemática paraguaya, según Giraudy.
En la sesión del viernes participarán de un lado representantes del Estado paraguayo y del otro las organizaciones Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Codehupy, la Federación Nacional Campesina (FNC), la Organización Lucha por la Tierra (OLT), la Coordinadora de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri) y la comisión de víctimas de la masacre de Curuguaty (Asociación Yvy Ñande Rekove).
El coordinador del Informe Chokokue, Hugo Valiente, dijo a Efe durante su presentación el pasado agosto que su investigación revela "un plan sistemático de ejecuciones en el contexto de la lucha por la tierra en Paraguay", cuya meta es "impedir que las organizaciones campesinas tengan una voz en demanda de la reforma agraria".
Valiente añadió que la mayoría de las víctimas pertenecían a la Federación Nacional Campesina y al Movimiento Campesino Paraguayo, dos de las principales agrupaciones de labriegos de la nación guaraní.
Agregó que el informe extrae esas conclusiones a partir de entrevistas a familiares y testigos de las muertes y de un análisis de los procesos judiciales.
