En la América de habla hispana el primero fue Colombia, en 1985, seguido del resto del continente, con excepción de Bolivia, Costa Rica, Cuba y Venezuela, que aun carecen de una ley de ese tipo.

Asunción. La firma por parte del presidente paraguayo, Horacio Cartes, de una ley que facilita el acceso ciudadano a la información pública marca un hito en el movimiento mundial en favor de la transparencia, al convertirse Paraguay en el país número 100 en contar con ese tipo de norma.

El pionero fue Suecia, que aprobó su ley en 1766, pero habrían de pasar dos siglos hasta que otro país, Estados Unidos, siguiera el ejemplo, según freedominfo.org, una red de grupos que impulsan una mayor apertura en los gobiernos.

En la América de habla hispana el primero fue Colombia, en 1985, seguido del resto del continente, con excepción de Bolivia, Costa Rica, Cuba y Venezuela, que aun carecen de una ley de ese tipo, de acuerdo con la base de datos de freedominfo.org. España la adoptó el año pasado.

Estas leyes intentan producir un cambio de mentalidad en ministros y funcionarios, al establecer que la norma, y no la excepción, debe ser entregar información a la ciudadanía sobre contratos, salarios, gasto público, ayuda externa y regalías mineras o petroleras, por ejemplo.

Para ello, establecen mecanismos para que cualquier ciudadano pueda solicitar y recibir los datos.

En Estados Unidos es una vía usada rutinariamente por periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Solo el departamento de Estado recibió en el último ejercicio 18.670 solicitudes de información sobre sus operaciones, según un informe anual.

Sin embargo, no todas las leyes son de igual calidad. El Centro por el Derecho y la Democracia, una organización no gubernamental, considera que El Salvador y México cuentan con el mejor marco regulador del acceso a la información en América Latina, mientras que dio las peores notas a República Dominicana y Argentina, en un análisis a nivel mundial.

El caso de Paraguay demuestra claramente los beneficios de la entrada de la luz a la arena pública.

Durante diez años organizaciones de la sociedad civil clamaron por un proyecto de ley de información, lo que cayó en saco roto en el Congreso.

El momento de inflexión ocurrió cuando la Corte Suprema de Justicia publicó por primera vez los cargos y los sueldos de los funcionarios judiciales, en respuesta a peticiones de la ciudadanía y los periodistas.

El Ejecutivo de Cartes siguió el ejemplo, pero el Congreso se resistió a hacerlo. Cuando finalmente abrió sus planillas, ante la presión de la prensa, saltaron todo tipo de irregularidades y ejemplos de nepotismo, que generaron una ola de manifestaciones de repudio en las calles.

Entre los casos más sonados está el de la llamada "niñera de oro", una mujer que supuestamente trabajaba cuidando a los hijos del senador Víctor Bogado y que recibía dos sueldos como funcionaria pública.

También se descubrió el fraude cometido por Perla Paredes, hija de la diputada Perla Vázquez, que admitió ante la justicia que cobraba salarios de cinco instituciones públicas en las que en realidad no prestó los servicios que alegó inicialmente en su defensa.

Pero una cosa es que la prensa presione cuando descubre indicios de corrupción y otra establecer un mecanismo permanente que obligue a los empleados públicos, como parte de sus funciones, a divulgar información, que es lo que hace la nueva ley.

Por ejemplo, sus cláusulas obligan a revelar los viajes oficiales, los informes de auditorías y consultorías, los contratos, estudios de impacto ambiental y datos de criminalidad, así como la lista de funcionarios, sus tareas y sus remuneraciones.

Las autoridades solo podrán negar la información que sea definida como secreta por ley y el peticionario podrá apelar esa denegación ante la justicia ordinaria.

A la ceremonia de la firma el pasado jueves asistieron todos los ministros, una señal de la importancia que le dio el Gobierno de Cartes, que puede contar su aprobación como uno de sus mayores logros hasta ahora.

Queda la prueba de su aplicación, pues el código de Paraguay, como otros países, está lleno de leyes que en la práctica no se respetan.

Otra cuestión es qué pasará cuando gracias a ella se descubran irregularidades.

El mismo Congreso que la aprobó tramita un proyecto de ley contra el nepotismo, que según sus impulsores fue vaciado de contenido en el Senado.

Arnaldo Giuzzio, del minoritario Partido Democrático Progresista (PDP), aseveró que paradójicamente hará "más fácil nombrar parientes", al reducir las sanciones.