El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, se comprometió este martes a avanzar en la investigación, que fue reabierta por la presión de la familia de la víctima, según un comunicado del Ministerio Público.

Asunción. La Fiscalía paraguaya anunció este martes que investigará la muerte del activista estudiantil Rodolfo González, quien fue supuestamente asesinado durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) tras una discusión con un nieto del mandatario.

El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, se comprometió hoy a avanzar en la investigación, que fue reabierta por la presión de la familia de la víctima, según un comunicado del Ministerio Público.

"Estamos muy satisfechos, pues el Fiscal General nos aseguró que tiene la predisposición de seguir y avanzar en la investigación. Entre las primeras diligencias, se ha solicitado el expediente original de la época. Nosotros colaboraremos en lo que podamos en las indagaciones", declaró el abogado de la familia, Juan Rivarola.

Rivarola presentó una nueva denuncia el pasado enero por tortura y homicidio por causas políticas, ya que existe un conjunto de testimonios que en su opinión concluyen que González fue víctima de un asesinato político y que el aparato judicial de la dictadura hizo todo lo posible para entorpecer la investigación.

El cuerpo de González, de 26 años, fue descubierto el 10 de abril de 1986 en el interior de un automóvil en la avenida Mariscal López, en el centro de Asunción, muy cerca de la sede donde estaban destinados los escoltas personales de Stroessner.

Un día antes la víctima había mantenido una encendida discusión verbal con Alfredo "Goli" Stroessner, nieto del dictador, en la facultad de Derecho de la Universidad, donde ambos estudiaban.

"González repartía unos pasquines contra la dictadura cuando Goli se le encaró y se pusieron a discutir delante de muchos testigos", explicó a Efe Rivarola cuando hizo el pedido de reapertura de la investigación.

Al día siguiente el cadáver fue descubierto en el vehículo y la autopsia ordenada por autoridades judiciales de la época determinó que la muerte fue resultado de un accidente de tráfico.

"El coche no tenía apenas daños. Además, un soldado que estaba en la zona declaró que había visto a varias personas empujando el coche contra un árbol. Ese soldado nunca más fue visto", indicó el abogado.

Al poco tiempo la familia logró la reapertura del caso y que se exhumara el cadáver y se realizara una segunda autopsia, en la que se halló una bala en la cabeza de González y señales de que había sido torturado.

Con ello comenzó una pesquisa que nunca fue concluida y en la cual participó como juez instructor César Garay, actual miembro de la Corte Suprema de Justicia, según Rivarola.

La familia de González también pidió al Ministerio Fiscal que averigüe lo sucedido con esa investigación inicial.

Según el letrado, en 1987 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaboró un informe que dictaminaba que el Estado paraguayo no colaboró para resolver el crimen.

En 2003, un documento de la ONU reconoció a González como víctima de la dictadura, al igual que el informe de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), elaborado en Paraguay en 2008.

La CVJ registró 425 ejecutados o desaparecidos durante la dictadura de Stroessner y casi 20.000 detenidos, la gran mayoría víctimas de golpizas, picana eléctrica, quemaduras y otras formas de tortura.