La espiral de violencia por la distribución de las tierras en Paraguay se ha ido agudizando como consecuencia del avance frenético de la producción mecanizada de granos, que dejó un tendal de desocupados rurales, muchos dispuestos a tomar las armas para subsistir.
Yby Pyta, Paraguay. Morir resistiendo a un desalojo o renunciar a 15 hectáreas de campo que su familia necesitaba para sobrevivir. Entre esas dos opciones Arnaldo Ruíz Díaz eligió la primera, convirtiéndose en uno de los 17 muertos en el peor enfrentamiento entre policías y labriegos en la historia de Paraguay.
El sangriento saldo gatilló en junio un juicio político que en menos de 48 horas acabó con la presidencia del socialista Fernando Lugo, transfirió la jefatura de Estado a sus ex aliados conservadores y dejó a Juana Martínez, esposa de Arnaldo, sola y con seis pequeños hijos.
"El estuvo allí dos meses esperando recibir las tierras que le fueron prometidas y que solo se entregarían a los que se quedaran a luchar", dijo Martínez a Reuters en su pequeña vivienda de tablas de madera de Yby Pyta, un poblado rural del departamento Canindeyu, 280 kilómetros al noreste de Asunción.
"Su dirigente lo convenció de quedarse a resistir y yo lo entiendo, lo hizo por nosotros. Pero ahora no está y nosotros no tenemos nada", agregó aferrada a un cuadro con la foto de su esposo.
La espiral de violencia por la distribución de las tierras en Paraguay se ha ido agudizando como consecuencia del avance frenético de la producción mecanizada de granos, que dejó un tendal de desocupados rurales, muchos dispuestos a tomar las armas para subsistir. Pero el problema es tan antiguo como el país.
Según los registros públicos, Paraguay tiene 406.752 kilómetros cuadrados aunque existen títulos de propiedad por 532.000 kilómetros, producto de la duplicación o falsificación de los certificados.
Las tierras en disputa que derivaron en la muerte de Ruíz Díaz son unas 2.000 hectáreas sembradas con soja y trigo y rodeadas por bosques vírgenes. Fueron donadas en los años 60 al Estado y adjudicadas décadas después mediante una polémica orden judicial a un empresario que se enriqueció durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
Los campesinos las consideran "mal habidas" y exigen que se repartan entre los que no tienen tierras para trabajar.
"Fueron desalojados cinco veces y esta vez no iban a salir por las buenas. El dueño tiene miles de hectáreas y nosotros no podemos plantar ni una lechuga", dijo Mariano Castro, quien perdió a un hijo en la refriega y tiene otro herido y detenido.
El destituido Lugo fue acusado de incumplir sus deberes al no evitar la creciente conflictividad social en el país y fue sucedido por el médico liberal Federico Franco, que era su vicepresidente y asumió con el apoyo de los productores agropecuarios.
Inequidad. En el cuarto productor mundial de soja, el 2,6% de los terratenientes son dueños de más del 85% de las tierras, señala el sociólogo Ramón Fogel, un prolífico investigador del problema agrario en Paraguay.
"Este es el país más inequitativo de toda la región y, si juzgamos la concentración de la tierra e ingresos, podríamos decir que es uno de los más injustos en todo el mundo", dijo Fogel citando cifras del último Censo Agropecuario del 2008.
Para el abogado Emilio Camacho, asesor jurídico de la presidencia durante el gobierno de Lugo, los orígenes de la situación son remotos.
"El Estado paraguayo nace como nación con el problema de la concentración de tierras y hasta ahora no lo ha resuelto", indicó Camacho, que fue interventor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra.
En los papeles, ese organismo busca la integración de la población campesina al desarrollo económico. Pero en la práctica, ha transferido títulos de enormes extensiones, por lo general a personas vinculadas a los gobiernos de turno.
"Lo más escandaloso fue el destino de las tierras públicas, cómo miles de hectáreas se vendían al mismo grupo latifundista o cómo miles de hectáreas destinadas a asentar a familias paraguayas terminaban en manos de grandes sojeros", aseguró el ex funcionario.
Pero para el vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay Fidel Zavala, "la mala distribución es una falacia" porque existen organismos estatales, cooperativas con miles de socios y municipios que figuran como un solo propietario, lo que en su opinión distorsiona las cifras.
"No podemos decir que el problema existe porque sin un censo o catastro no hay elementos de juicio. Hay propietarios con grandes extensiones pero los hay aquí, en Estados Unidos, en Brasil y en cualquier lugar", aseveró.
Zavala, quien fue secuestrado en el 2009 por un grupo armado que reivindica la lucha de clases y estuvo tres meses cautivo, dijo que en la zona agrícola -que excluye la extensa región ganadera del Chaco- el promedio de tenencia de tierra es de entre 100 y 150 hectáreas.
"Hay gente que vendió sus derecheras (permisos provisorios de ocupación) y está pidiendo nuevas tierras. Y finalmente esto termina siendo el negocio inmobiliario de los políticos de turno y de dirigentes campesinos que desvirtúan la lucha genuina de la gente que necesita", aseveró.
La reforma. Los campesinos de la combativa Liga Nacional de Carperos ocupaban la propiedad que iba a ser desalojada cuando ocurrió el enfrentamiento, que aún no terminó de ser aclarado.
Lugo apoya la hipótesis de que hubo infiltrados que azuzaron los ánimos para desatar la matanza y sacarlo del poder. Sus detractores dicen que fue la gota que colmó el vaso y que dejó al descubierto el alto nivel de inseguridad en el campo y su laxitud frente a las ocupaciones.
"Lo que ocurrió fue una reacción desesperada de compañeros que llevaban siete años peleando por las tierras con varios desalojos de por medio. Hubo un grupo que tomó las armas para defenderse", dijo Marcial Gómez, dirigente de la Federación Nacional Campesina.
La pobreza en el campo alcanza a cerca de la mitad de la población y casi el 30 por ciento de los pobres rurales viven en la miseria, de acuerdo a datos oficiales del 2011. La población en el campo crece mucho más rápido que en la ciudad.
Lugo tenía una base de apoyo fuerte entre campesinos, que había forjado durante sus años como obispo católico. Pero muchos terminaron decepcionados porque la falta de apoyo y su poca cintura política le impidieron llevar adelante los cambios.
"Fuimos derrotados", dijo Camacho. "El Gobierno nunca tuvo un plan concreto eficaz, eficiente para hacer la reforma agraria pero tenía un plan fundamental que era hacer público el problema. Y eso apresuró el golpe", aseguró, refiriéndose a la destitución de Lugo.
El dirigente de los carperos Eulalio López dijo que, además, Lugo descuidó a las bases, lo que debilitó al movimiento social.
"El era un elemento aglutinador y tenía que llamar a los sectores sociales y populares a un frente nacional para defender el proceso de cambio. Pero descuidó este aspecto", dijo López.
Franco asumió con un amplio respaldo político. Pero podría resquebrajarse en poco tiempo a medida que avanzan las campañas para las primarias de los partidos a fin de año. El presidente prometió impulsar un catastro y recuperar miles de hectáreas distribuidas por el Estado que actualmente no son explotadas.
Pero las autoridades también advirtieron que actuarán con firmeza contra grupos violentos que provoquen invasiones.
"El tema de la tierra será fundamental. Si no se soluciona, los choques seguirán sea quien sea que esté en el gobierno", dijo el dirigente campesino Gómez. "Si no hay tierras habrá más pobres, más descontentos, y eso puede llevar nuevamente a determinaciones desesperadas", advirtió.
