Los habituales robos y hechos de corrupción registrados en las Fuerzas Armadas del país preocupan a militares que se consideran institucionalistas. Ven que la imagen del sector castrense sigue deteriorándose con estos escandalosos ilícitos.

Algunos militares que están ocupando cargos de relevancia en las FF.AA. expresaron a nuestro diario su preocupación por los actos ilícitos que no terminan en la institución castrense. Pidieron la no mención de sus nombres dado que existe una disposición que les prohíbe hablar públicamente sin autorización.

Los últimos hechos, como la detención en Brasil del Cnel. de Aviación Waldimiro A. Gill Bejarano, con gran cantidad de medicamentos presuntamente de contrabando; el cobro de remuneraciones (en dos meses recibió poco más de G. 102 millones) sin cumplir la función de parte del también Cnel. de Aviación Dante Gabriel Samaniego León; y la reciente desaparición de unos 6.100 proyectiles calibre 7,62 del parque de guerra de la Aviación hicieron que las FF.AA. estén permanentemente asociadas a la corrupción en los últimos dos meses.

También hubo un supuesto desvío de víveres en la 5ª División de Infantería, con asiento en la localidad chaqueña de Mayor Pablo Lagerenza, y sospechas de un posible caso de soldados fantasmas en el Regimiento de Caballería (RC-2), en Pilar.

Ante los hechos presuntamente delictuosos, los miembros de las FF.AA. que nos manifestaron su inquietud tampoco ven una decidida actuación de la Justicia Militar, actualmente presidida por el Gral. Brig. Rogelio Cano, para perseguir y castigar a los eventuales responsables. Observan que más bien existe “espíritu de cuerpo” para protegerse entre camaradas de remesas o de armas, e inclusive influencias de ciertas cofradías, como de los masones.

Un episodio escandaloso denunciado a principios de junio del 2009 a la Justicia Militar fue la apropiación de los sobresueldos de los instructores del Centro de Instrucción Militar de Operaciones Especiales (CIMOE), con asiento en Cerrito (Pdte. Hayes).

En este lugar durante años los jefes los forzaban a devolver a los instructores sus pagos extras o los nombrados como instructores no hacían el trabajo. Varios coroneles, entre ellos Ramón de la Cruz Martínez, jefe de Tropas Especiales del Ejército, considerado uno de los principales responsables, fueron destituidos y encarcelados.

Martínez después de un tiempo recuperó su libertad y actualmente es jefe del 4º Departamento del Ejército. Los demás devolvieron sumas de dinero y están todos libres. No hay aún sentencia en este caso de la Justicia Militar.

Lo peor es que los instructores que se animaron a denunciar el hecho ya fueron dispersados con traslados realizados a fines del año pasado, en un posible hecho de venganza.

El titular de la Suprema Corte de Justicia Militar (Sucorjumil), Gral. Brig. Cano, rechaza la percepción de que el organismo judicial esté apañando e incluso protegiendo a posibles corruptos en las Fuerzas Armadas. Citó casos en que los responsables están en la cárcel y dijo que muchas veces es difícil reunir todos los elementos para castigar. Aseguró que su administración seguirá persiguiendo los actos ilícitos.