El objetivo de la normativa es regular la concesión de licencias para evitar la concentración de medios, así como su usufructo por parte de grupos extranjeros.

Montevideo. La Cámara de Representantes de Uruguay aprobó este lunes una discutida ley de medios que regula los servicios de radio y televisión con el objetivo de evitar los monopolios y la posesión por parte de extranjeros, así como fomentar la producción nacional.

La normativa fue sancionada mediante los votos de los legisladores del oficialista Frente Amplio, con 50 a favor y 25 en contra, y será reglamentada en marzo cuando el presidente electo Tabaré Vázquez suceda al actual mandatario José Mujica.

La Cámara de Senadores había dado su visto bueno este martes.

El objetivo de la normativa es regular la concesión de licencias para evitar la concentración de medios, así como su usufructo por parte de grupos extranjeros.

Como condición para obtener una licencia, los candidatos "no (deben) ser filiales o subsidiarias de sociedades extranjeras, ni realizar actos, contratos o pactos societarios que permitan una posición dominante del capital extranjero", establece el artículo 106.

Días atrás, Mujica expresó que no quiere la presencia en Uruguay del argentino Clarín, del brasileño Globo o del empresario mexicano Carlos Slim.

La oposición sostuvo en el debate que la nueva ley podría incurrir en errores de inconstitucionalidad y limitar la libertad de expresión y criticó que deje afuera la regulación de internet.

"Eso no significa que esta ley sea obsoleta y antigua", dijo el diputado Carlos Varela del Frente Amplio. "Es la ley que regula lo que hoy podemos regular y nuestro compromiso debe ser no pasar de vuelta 40 ó 50 años sin tocar el tema", agregó.

La normativa crea el Consejo de Comunicación Audiovisual, autónomo al Poder Ejecutivo, que deberá aplicar, fiscalizar y concretar los llamados para el otorgamiento de los permisos.

"Es una especie de Gran Hermano controlador", dijo el diputado Álvaro Delgado del opositor Partido Nacional al criticar la injerencia del Estado en la actividad privada.

Nuevas reglas. La ley fija que el 60% de la programación televisiva deberá ser de origen nacional, así como 30% del contenido musical en radios. También establece una participación de 30% de productoras independientes.

Adicionalmente establece un horario de protección al menor que comienza más temprano y coincide con el horario estelar, en el cual queda limitada la posibilidad de transmitir imágenes violentas, incluyendo a los noticieros.

Un aspecto innovador de la ley es que regula la publicidad electoral, concediendo una cuota por partido político directamente proporcional a los votos obtenidos en la última elección.

Por otra parte, los servicios de televisión para abonados deberán integrar a su guía de programación tres señales nacionales y podrán tener una participación máxima en el mercado de 25%.

Las licencias para televisión, que deberán pagar un canon, serán concedidas por un período de 15 años y las radiales por un plazo de diez años, con opción a una década de prórroga en ambos casos.

Asimismo se limita a seis los permisos televisivos para un mismo prestador, que será reducido a tres si alguno de ellos corresponde a la capital, Montevideo, donde vive el 40% de los 3,3 millones de habitantes del país.