Los otros cuatro poderes públicos -ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral- son dominados por seguidores del Gobierno de Maduro y éstos tendrían la última palabra frente a cualquier reforma legal: podrían vetarlas, no promulgarlas o en el mejor de los casos retrasarlas.
Caracas. El futuro parlamento opositor de Venezuela podrá promover leyes y reformas dirigidas a corregir el modelo estatista, al que adversarios de Nicolás Maduro culpan de la crisis económica en el país petrolero, pero muchas quedarán en puras intenciones si no negocia con el aún poderoso Gobierno socialista.
Al haber ganado el domingo la mayoría calificada de los 167 diputados de la Asamblea Nacional unicameral, la oposición destronó al chavismo, por primera vez en 16 años, pero el avance pudiera no ser suficiente.
Los otros cuatro poderes públicos -ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral- son dominados por seguidores del Gobierno de Maduro y éstos tendrían la última palabra frente a cualquier reforma legal: podrían vetarlas, no promulgarlas o en el mejor de los casos retrasarlas, advirtieron analistas.
"Es mucho lo que puede hacer la oposición en el parlamento en el ámbito formal. Pero no habrá resultados significativos en materia económica si el debate no viene acompañado de acuerdos", dijo Richard Obuchi, analista de la local ODH Consultores.
La bancada opositora está consciente del duro camino que enfrenta y no promete milagros.
"Nosotros no vamos a bajar el precio de la comida, ni haremos que los estantes se llenen", reconoció Henry Ramos, un veterano político que ganó una curul en el parlamento. "Pero podemos dictar leyes que, en definitiva, tendrá que aplicar el Gobierno".
Gracias a la mayoría que ostenta en el parlamento, el socialismo de Maduro ha evadido la discusión sobre las causas de la elevada inflación y la escasez de bienes tan básicos como el papel higiénico o jabón dándole, en muchos casos, carta blanca al Ejecutivo, para aplicar o no, políticas económicas.
La oposición sostiene que los venezolanos sufren la peor crisis económica de su historia democrática y culpan por ello al "fallido" modelo socialista, sustentado en las expropiaciones y los controles que ahogan a la industria y el comercio.
Maduro y su coalición, desde su lado de la bancada, culpan a la "ultraderecha" de llevar a cabo una "guerra económica" que busca sembrar el caos con el fin ulterior de desbancarlo.
Con estas zanjas ideológicas separándolos, pocos creen que la oposición y el Gobierno puedan concertar medidas que saquen al país de la crisis. Al contrario, Maduro prometió "radicalizar la revolución para acabar la guerra económica".
"Maduro probablemente se volverá más agresivo, política y económicamente y, al enfrentar serias limitaciones internas y externas, las dinámicas políticas y económicas probablemente seguirán empeorando", dijo la firma Eurasia en una nota.
Secretismo en riesgo. El Banco Central de Venezuela (BCV) ha retrasado la divulgación de las cifras de la elevada inflación -la más alta en Latinoamérica- y además ha ocultado los números del desempeño económico de este año, violando su propia ley y dificultando la planificación de las empresas y organismos multilaterales.
Pero ese secretismo podría estar cercano a su fin luego de que el jefe de la coalición opositora, Jesús Torrealba, anunciara el lunes como una prioridad la reforma de la ley del Banco Central.
El economista opositor José Guerra, que ganó un asiento en la Asamblea, reafirmó: "Ahora nosotros definimos la agenda del parlamento y vamos a incluir los temas económicos. Van a tener que mostrar las cifras".
Con los hasta ahora confirmados 110 diputados electos, los adversarios de Maduro podrán interpelar al vicepresidente y a sus ministros, así como aprobar su destitución. Sin embargo, es prerrogativa del Presidente nombrar su gabinete.
El martes todavía quedaban por definir dos asientos cruciales para la bancada.
Donde la oposición sí tendrá espacio para actuar sin objeciones es en la aprobación del presupuesto nacional, créditos adicionales y emisión de deuda e, inclusive, podrá someter a referéndum tratados internacionales que ha criticado de "leoninos" como el convenio China-Venezuela y la alianza energética Petrocaribe.
No obstante, siempre deberán tener en cuenta que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tiene poder para vetar leyes si las considera anticonstitucionales.
Los mercados financieros internacionales reaccionaron positivamente al triunfo opositor, pero un eventual panorama de confrontación que demore las muy necesarias soluciones económicas puede agravar la percepción de los inversionistas, temerosos a un millonario incumplimiento de deuda.
Consciente de que la crisis económica golpeó su base de apoyo y le pasó factura en las elecciones, analistas advirtieron que Maduro aplicaría algunos correctivos urgentes como una devaluación que permita rendir los mermados ingresos petroleros.
Pero los economistas también creen que ajustes más amplios, como el aumento de la gasolina más barata del mundo o la flexibilización del control de cambios y precios, serían demorados por ser políticamente costosos.
"No creo que ocurra un cambio económico en lo inmediato. Más bien pienso que el nivel de confrontación institucional no será positivo para la economía", dijo Asdrúbal Oliveros, director de la firma local Ecoanalítica.
