El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ya había anulado muchas acciones del congreso desde que pasó a manos opositoras a inicios del 2016, dictaminó expresamente el miércoles que su sala constitucional abarcará el rol de los diputados.
El Parlamento venezolano, dominado por la oposición, se declaró el jueves en rebelión y advirtió que desconocerá todos los fallos del máximo tribunal del país petrolero que, a través de una sentencia, se adjudicó las competencias legislativas, profundizando la pugna entre los poderes públicos.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ya había anulado muchas acciones del congreso desde que pasó a manos opositoras a inicios del 2016, dictaminó expresamente el miércoles que su sala constitucional abarcará el rol de los diputados.
"Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas por esta Sala o por el órgano que ella disponga", indicó la sentencia fechada el miércoles.
En su primera medida bajo esta nueva prerrogativa, el TSJ le autorizó al presidente Nicolás Maduro a crear empresas mixtas en el área petrolera, invalidando el procedimiento constitucional que establece que deben ser aprobadas en el hemiciclo de la Asamblea Nacional.
"Este parlamento se rebela y desconoce esta sentencia de la Sala Constitucional", dijo el presidente del legislativo, Julio Borges, rompiendo un ejemplar de la sentencia frente a los periodistas. "Esta Asamblea Nacional desconoce al TSJ, ellos se escogieron a ellos mismos, a nosotros nos eligieron 14 millones de venezolanos", enfatizó.
"Es la primera vez que estas sentencias le otorgan todo el poder a Nicolás Maduro para hacer las leyes que le dé la gana, para dar los contratos que le da la gana y para endeudar al país como le dé la gana (...) es un golpe de Estado con todas sus letras, es una dictadura", fustigó Borges.
El TSJ sostiene que las decisiones de la Asamblea Nacional son nulas por estar en "desacato" al no haber apartado a tres diputados acusados de comprar votos en las elecciones parlamentarias de fines del 2015.
Pese a que los tres diputados no están ejerciendo funciones por decisión de la propia Asamblea, el TSJ sigue manteniendo su posición, lo cual ha llevado a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a acusar al máximo tribunal de cercenar el parlamento para favorecer al Gobierno.
Diputados y diversos organismos internacionales sostienen que Venezuela se ha convertido en una dictadura que apresa a sus detractores y viola los derechos humanos.
La oposición también acusa a Maduro de ser el principal responsable de la grave crisis económica que sufre Venezuela -con la inflación más alta del mundo, recesión y escasez de bienes-, pero el mandatario de 54 años sostiene que sus adversarios libran una "guerra económica" con el fin de desbancarlo.
"Fujimorazo". Voluntad Popular, el partido opositor más radical, llamó a la ciudadanía a movilizarse en defensa de la Constitución, una táctica que ha fracasado en el pasado a pesar de congregar hasta un millón de personas en las calles del país.
"Ésta no es una sentencia más, es una sentencia que marca un punto de no retorno de la dictadura que requiere iniciar un nuevo proceso de movilización y resistencia para enfrentar esta arremetida", dijo Freddy Guevara, diputado de Voluntad Popular.
Más tarde, desde los jardines de la Asamblea Nacional, Borges llamó a los venezolanos a marchar el sábado.
Diversos miembros de la oposición compararon el episodio con el "fujimorazo", como se conoce a la disolución del parlamento perpetrada en 1992 por el entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori, quien, a partir de allí, gobernó con mano dura.
A pesar de los reclamos, la medida del TSJ puede llegar a ser una buena noticia para algunas compañías petroleras extranjeras que temían retrasos en sus proyectos ante una advertencia previa de la oposición de que los acuerdos de inversión que no pasaran por el congreso no serían válidos.
Venezuela busca levantar fondos para pagar su pesada deuda externa y una de las vías es la venta de su parte en diversos yacimientos. La estatal petrolera PDVSA ofreció recientemente a la rusa Rosneft una participación en la empresa conjunta Petropiar, dijeron fuentes a Reuters.
La medida de la justicia se produce en medio de una creciente ansiedad regional por la crisis en Venezuela. Esta semana, 20 miembros de la OEA expresaron su preocupación, aunque no llegaron a respaldar la petición del jefe del organismo regional de suspender al país.
