Dirigentes de la oposición aseguran que Andrés Uzcátegui, de 23 años, y Ronney Tejera, de 24, fueron asesinados con armas de fuego por las fuerzas de seguridad estatales en los estados centrales de Carabobo y Miranda, respectivamente.
Este jueves (20.7.2017), mientras la oposición venezolana llevaba a cabo una huelga general para obligar al régimen de Nicolás Maduro a cancelar su proyecto constituyente, la crisis del país adquirió visos aún más dramáticos, dentro y fuera de sus fronteras. Las fricciones entre la élite chavista y sus adversarios se intensifican: Maduro insiste en que la elección de la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por él sin consulta previa tenga lugar el 30 de julio pese a la presión ejercida internacionalmente para que la suspenda.
Tanto el antichavismo como el chavismo disidente han tachado esos comicios de amañados por violar el derecho constitucional al voto directo, universal y secreto. En el marco del paro cívico de 24 horas orquestado por la mayor alianza de formaciones opositoras –la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)– se han registrado varios heridos, 261 arrestos arbitrarios contados por la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano y dos muertes confirmadas por la Fiscalía General. Las causas de los decesos están siendo investigados.
Dirigentes de la oposición aseguran que Andrés Uzcátegui, de 23 años, y Ronney Tejera, de 24, fueron asesinados con armas de fuego por las fuerzas de seguridad estatales en los estados centrales de Carabobo y Miranda, respectivamente. Aunque la mayoría de los voceros de la MUD invitó a la ciudadanía a protestar contra el Gobierno quedándose en sus casas este 20 de julio, la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana se enfrentaron con quienes prefirieron manifestar montando barricadas en las calles.
Renunció el ministro consejero de la misión venezolana ante la ONU. Objeto de acalorados debates en el seno de la propia oposición, donde se le tilda de arbitrario y contraproducente, el bloqueo de vías –conocido coloquialmente como "trancazo”– ha dado pie a refriegas entre gendarmes y civiles apertrechados con escudos, piedras y armas improvisadas. Evidencias de que los segundos tienen mayores probabilidades de salir perdiendo son las decenas de muertes de ciudadanos de a pie contabilizadas desde el 1 de abril, cuando empezó la ola de protestas gubernamentales más reciente.
Más de noventa personas han sido asesinadas por uno u otro bando desde entonces. Maduro y sus subalternos –tanto los civiles como los militares– han sido criticados severamente desde el extranjero por el uso desproporcionado de la fuerza estatal en el control del orden público. De hecho, el ministro consejero de la misión venezolana ante la ONU, Isaías Medina, esgrimió la situación de los derechos humanos en el país como el motivo que lo llevó a renunciar irrevocablemente a su cargo este jueves (20.7.2017).
En una carta hecha pública, el diplomático acusó al Ejecutivo venezolano de incurrir sistemáticamente en crímenes de lesa humanidad contra civiles en los últimos cien días. Por su parte, el Gobierno ha denunciado la violencia de los manifestantes de la oposición, algunos de los cuales intentaron tomar por asalto la sede de la televisora estatal VTV e incendiaron un módulo del servicio de correos este 20 de julio, según fuentes oficiales. Más de 4.000 personas han sido arrestadas desde abril en relación con las movilizaciones antigubernamentales.
El Gobierno ha denunciado la violencia de los manifestantes de la oposición.
El Mercosur sopesa suspender a Venezuela por partida doble
La organización no gubernamental Foro Penal Venezolano sostiene que más de mil manifestantes siguen estando tras las rejas y que muchos civiles han sido enjuiciados de manera expedita por tribunales militares, contraviniendo lo establecido en la Constitución. Este estado de cosas ha llevado a que la crisis de Venezuela sea discutida con cada vez mayor frecuencia por sus vecinos. El Gobierno colombiano reiteró este 20 de julio que seguiría "apoyando una solución pacífica y democrática” en Venezuela.
Hace dos días, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, le pidió a Maduro que desmontara el proceso constituyente convocado para el 30 de este mes. Y este viernes (21.7.2017), durante la cumbre de jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur), se espera que los mandatarios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay hagan lo mismo. La anticipada declaración del Mercosur sobre la crisis venezolana podría ser suscrita también por los países asociados al bloque: Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Guyana y Surinam.
Lo más probable es que Bolivia, que está en proceso de adherirse al Mercosur como socio pleno, se rehúse a firmar el documento aludido. Venezuela ya fue suspendida en diciembre de 2016 como miembro pleno del bloque por incumplir los plazos de incorporación de la normativa del Mercosur a su legislación nacional; pero según el vicecanciller argentino, Daniel Raimondi, el país caribeño podría ser objeto de una nueva suspensión, esta vez por ruptura del orden institucional.
