La bancada del partido Fuerza Popular anunció este lunes una serie de acciones en el ámbito internacional para denunciar "el abuso" contra su líder político, quien 36 meses de prisión preventiva por un caso de presunta corrupción.

Lima. La bancada del partido fujimorista Fuerza Popular (FP) anunció este lunes que tomarán acciones en el ámbito internacional para conseguir la libertar de su líder Keiko Fujimori, quien cumple prisión preventiva por 36 meses ordenada por el Poder Judicial.

En conferencia de prensa brindada en el Congreso, el legislador Luis Galarreta anunció que se comunicarán “con representantes de Parlamentos de América Latina y del mundo, con presidentes y con el secretario general de la OEA (…)".

Galarreta pidió al Poder Judicial fijar fecha para la vista del recurso de casación interpuesto por la defensa de Fujimori, audiencia que se suspendió la semana pasada debido a la inhibición de uno de los jueces encargados del caso.

Carlos Tubino, vocero de la bancada fujimorista, leyó un comunicado de su grupo político a través del cual denuncian ante la comunidad internacional y ante los representantes de otras naciones la situación de “abuso” por la cual atraviesa su líder.

En el comunicado, reiteran que Keiko Fujimori "está arbitrariamente privada de su libertad sin acusación fiscal ni sentencia de ningún tipo, e investigada por hechos que no son delito".

Sostienen, además, que la casación en la Corte Suprema solicitada para recuperar su libertad no ha sido vista por “presión de fuerzas ajenas a las instituciones republicanas y democráticas que utilizan métodos de cohersión mafiosos para que jueces y fiscales de la Sala Suprema se inhiban el mismo día de la vista de la causa”.

Al sostener que Keiko Fujimori es una "presa política", el comunicado denuncia que "sus derechos son violados por intromisiones del Gobierno y de un sector de la prensa, por una ONG que recibe fondos del exterior, operadores políticos, algunos medios y fiscales politizados y totalitarios".

Keiko Fujimori cumple 36 meses de prisión preventiva ordenada por el Poder Judicial a pedido de la fiscalía que la investiga por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado que habría sido cometido al haber recibido dinero de la empresa Odebrecht para financiar su campaña electoral del año 2011.

El Poder Judicial declaró fundado el pedido de la fiscalía para detener a Fujimori al considerar válido la tesis de que mantenerla en libertad ocasionaba un grave riesgo procesal y de obstrucción a la justicia.