La campaña tendrá un costo total de US$ 17,1 millones, de los cuales US$ 10,6 millones se van al rubro publicidad, donde la televisión tiene un peso muy relevante.
Cuando faltaba un mes para la elección de octubre, los partidos políticos tuvieron que presentar a la Corte Electoral un presupuesto inicial de campaña y la financiación correspondiente, según dice la ley de partidos políticos sancionada en 2008. De esos informes, a los que accedió El Observador, surge que la campaña tendrá un costo total de US$ 17,1 millones, de los cuales US$ 10,6 millones se van al rubro publicidad, donde la televisión tiene un peso muy relevante. El resto es invertido en alquiler de locales, impresión de listas, traslados y gastos de giras, contrataciones de personas y estudios de opinión pública, entre otros cosas.
El Equipo de Datos de El Observador procesó y analizó la información entregada a la Corte Electoral por parte de las fórmulas presidenciales y cada una de las listas al Senado. De allí surge que el Frente Amplio gastará US$ 9 millones en la campaña, el Partido Nacional US$ 5,2 millones y el Partido Colorado US$ 2,1 millones. La coalición de izquierdas es la que más gasta y la que más dinero público recibe.
A esos montos le falta sumar cuánto gastan las listas departamentales. En la elección pasada el dinero manejado a nivel local fue 25% del financiamiento total. Por lo tanto, si el comportamiento es similar, se puede presumir que la cifra total representa tres cuartas partes de lo que realmente se gasta en la campaña.
En 2009, de los fondos públicos 17,3% fueron para las listas departamentales. El jueves 3 de julio el semanario Búsqueda informó que los partidos políticos pensaban gastar US$ 15 millones en la campaña. Para llegar a la cifra se consultó a los jefes de comando de cada candidato.
El gasto de la campaña se financia principalmente con dineros públicos, es decir, del cobro por cada voto obtenido. En total los partidos esperan recibir US$ 16,2 millones del Estado y US$ 3 millones de privados, aunque el gasto estimado sea menor en casi US$ 2 millones.
La ley de partidos establece que por cada voto reciben 87 Unidades Indexadas ($ 254). Para el caso de una segunda vuelta (balotaje) $ 29; en las internas y en las departamentales $ 38. Las listas y los comandos de las fórmulas proyectan los votos que piensan obtener para calcular cuánto dinero recibirán del Estado.
Con mayor o menor detalle, las fórmulas y las listas al Senado presentaron a la Corte en qué gastaron la plata. El rubro publicidad en televisión se lleva la mayoría del dinero. Lo que no dicen los partidos y las listas es cuánto pagan por minuto de radio y televisión. Cada uno negocia por su lado, y por lo tanto la inversión total no refleja la presencia en los medios de cada uno. Sobre ese asunto hay varios casos de estudio en el mundo. Se indica que las empresas de los canales de televisión, en ocasiones, financian de forma indirecta las campañas con precios o bonificaciones de minutos en la tanda. Del mismo modo, también en Uruguay hay privados que compran minutos de televisión con destino a publicidad, y luego ceden el derecho a sectores o partidos. Esa información se escapa al control de la Corte Electoral que establece la ley de partidos.
Falta información. Del análisis de los formularios entregados por las fórmulas y las listas de todos los partidos que compiten por la Presidencia, surge una disparidad en el cumplimiento de la ley de financiamiento de los partidos políticos. Uno de los puntos establecidos en la norma votada por todos los sectores en el Parlamento, tiene que ver con el origen del dinero privado. Esas donaciones deben ser nominativas, es decir, tiene que aparecer el nombre de la empresa o la persona que aporta. Podrá ser anónimo si no supera las 4.000 Unidades Indexadas ($ 11.697). Esa obligación es violada en varios de los formularios, ya que se indica que hay determinada cantidad de dinero privado, pero no se dice de dónde viene.
Una excepción es la fórmula del Partido Colorado, que detalla una larga lista de donantes privados entre empresas y personas. Otras listas, como la del vicepresidente Danilo Astori (Asamblea Uruguay) informan la financiación de empresas, pero el monto recibido excede lo que piensan gastar.
Del mismo modo, algunas como la del candidato blanco Luis Lacalle Pou detallan el aporte de privados, pero no alcanza para justificar el total del gasto de ese origen. Otro ejemplo de falta de información es la lista 609 al Senado del Movimiento de Participación Popular, que lidera el presidente José Mujica. En el formulario entregado a la Corte Electoral se dice que recibieron US$ 254 mil ($ 6,3 millones) de privados, pero no detallan de dónde llegó ese dinero.
Del análisis de la información se observa también que si bien es el Frente Amplio el que más recibe y más gasta en la campaña, la lista 404 del Partido Nacional (Aire Fresco) es la que más gasta por sí sola, con US$ 1,6 millones, seguida por la 2014 de Alianza Nacional, con US$ 1,1 millones.La lista del Frente Amplio que más gasta en la campaña es la 2121 de Asamblea Uruguay, con US$ 1 millón.
La mosqueta. La financiación de los partidos políticos en una campaña electoral es el motivo del breve ensayo titulado “Jugando a la mosqueta”, del politólogo Daniel Chasquetti publicado en el libro “Final abierto”, un conjunto de reflexiones teóricas del Instituto de Ciencia Política sobre esta campaña electoral 2014, publicado por la editorial Estuario. “La forma en cómo ingresa dinero no solo afecta la equidad de la competencia sino también la legitimidad del régimen democrático”, escribe Chasquetti en uno de los enunciados iniciales del trabajo.
El analista recuerda que Uruguay legisló sobre la transferencia de dineros públicos a los partidos en base a los votos obtenidos por cada uno. Pero esto no fue suficiente para que el poder económico se metiera en la campaña. “Si bien esa medida mejoraba las condiciones de competencia, dejó sin regular la recaudación de fondos privados para la campaña”, consigna Chasquetti.
Tanto en 2004 como en 2009 el Parlamento sancionó varias leyes que apuntaron a controlar la transparencia del flujo de dinero hacia los partidos en campaña. Chasquetti parte de la pregunta inicial: ¿cuánto dinero invierten los partidos en la campaña electoral? “Prosigamos ahora con la respuesta decepcionante: nadie lo sabe”, responde el politólogo.
Esa respuesta tiene al menos dos explicaciones. La primera es que el sistema político carece de herramientas institucionales para controlar cuánto se recauda y cómo se gasta. Además, según Chasquetti, los partidos carecen de voluntad para reunir la información y divulgarla. “Los partidos han creado un sistema donde se publicita poco, se oculta mucho y se dejan muchas cuestiones libradas al azar”, escribe.
Según la legislación que regula hoy el aporte privado a la campaña, los partidos pueden aceptar donaciones que no superen las 300 mil unidades indexadas, unos US$ 37.000. Chasquetti llama la atención sobre que la norma admite una excepción en donaciones a los candidatos de hasta US$ 110.000.
La Corte Electoral es la encargada de la supervisión de la financiación partidaria, pero según Chasquetti este organismo carece de la idoneidad para cumplir estas funciones de fiscalización. En 2007 el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento un proyecto de ley que pasaba el controlar al Tribunal de Cuentas, pero durante el trámite parlamentario se realizaron “importantes modificaciones”, y en opinión de Chasquetti, “los partidos acordaron un arreglo institucional donde los controles fueran moderados o inexistentes”.
Listas de varios partidos no dieron los datos. Al 15 de octubre, cuando faltaban 11 días para la elección nacional, seis listas al Senado no habían entregado aún los formularios obligatorios con la información del presupuesto inicial de campaña. Una de Asamblea Popular, cuatro del Frente Amplio y una del Partido Nacional. Se trata de la que encabeza Raúl Paciello (Asamblea Popular), Álvaro Portillo, Nora Castro, Constanza Moreira con Macarena Gelman y Pablo Anzalone, Darío Estades Rodao (Frente Amplio), y la de Alem García (Partido Nacional), según dice un documento oficial firmado por el presidente de la Corte Electoral, José Arocena, y la secretaria letrada de la corporación, Mariella Demarco, entregado a El Observador. La ley de partidos políticos dice en su artículo 33: “El comité de campaña estará obligado a presentar a la Corte Electoral, 30 (treinta) días antes de celebrarse la elección nacional, un presupuesto inicial de campaña en donde se detallarán los gastos e ingresos previstos en términos generales así como los detalles de las donaciones recibidas hasta la fecha”. La rendición de cuentas definitiva debe ser entregada por los partidos 90 días después de la elección.
