El Congreso votó el viernes a favor de iniciar un juicio político contra el presidente Martín Vizcarra acusándolo de "incapacidad moral", en medio de investigaciones de presuntas contrataciones irregulares en el Gobierno, y con el telón de fondo de una recesión económica y colapso sanitario.
Lima. El pedido del Congreso opositor para destituir al mandatario peruano Martín Vizcarra se debilitó este domingo, luego de que líderes políticos y voceados candidatos presidenciales salieron a rechazar la iniciativa que agravaría la crisis del país minero.
El primero en aparecer fue el jefe del partido que tiene la segunda fuerza en el Congreso y posible candidato presidencial, César Acuña, en momentos en que varias autoridades locales han salido también a exhortar por la continuidad de Vizcarra cuando faltan siete meses para las elecciones generales.
Vizcarra, que no tiene una representación en el Congreso, no puede postular porque está prohibida la reelección inmediata.
El Congreso votó el viernes a favor de iniciar un juicio político contra Vizcarra acusándolo de "incapacidad moral", en medio de investigaciones de presuntas contrataciones irregulares en el Gobierno, y con el telón de fondo de una recesión económica y colapso sanitario con más de 722.000 casos de coronavirus -la quinta cifra más alta en el mundo- y más de 30.500 muertos.
Vizcarra, que acusa al Congreso de un complot, fue citado al parlamento para que brinde sus descargos el viernes. El juicio político al Presidente fue aprobado por 65 votos. Para su destitución se requieren 87 votos de los 130 legisladores.
El partido de Acuña, el grupo de derecha populista Alianza para el Progreso, aportó con 21 votos para aprobar el pedido de vacancia del centrista Vizcarra, que asumió la presidencia en marzo de 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, entre denuncias de corrupción por parte del Congreso.
"Sería absolutamente innecesaria e impertinente forzar una vacancia presidencial por parte del Congreso, que sólo podría agravar la crisis política en curso y la crisis sanitaria", dijo Acuña, un empresario dueño de un imperio de varias universidades privadas, a través del Twitter el sábado en la tarde.
Rivales en campaña. Otros voceados candidatos presidenciales como Keiko Fujimori, líder de la tercera fuerza en el Congreso; Julio Guzmán, del centrista Partido Morado; y el alcalde de un populoso distrito, George Forsythy, que lidera las intenciones de voto, han salido marcar distancia en torno a la destitución y piden que Vizcarra sea investigado cuando termine su mandato.
"Hasta hoy no existen los elementos suficientes ni los procedimientos necesarios para vacar al presidente", dijo el domingo Fujimori -investigada por recibir aportes de la brasileña Odebrecht en la anterior elección-, por Twitter.
El Gobierno anunció en la víspera que usará todas las armas legales para defender a Vizcarra y que presentará el lunes una demanda de competencia sobre el caso ante el Tribunal Constitucional para frenar el proceso de destitución.
Instituciones como la Defensoría del Pueblo han afirmado que existe un grave problema de calificación del Congreso al usar indebidamente la figura de la vacancia presidencial.
Además, el primer ministro Walter Martos, acusó al jefe del Congreso, Manuel Merino, de intentar involucrar a las Fuerzas Armadas en el pedido de destitución del mandatario Vizcarra, en un pronunciamiento rodeado de altos mandos del Ejército, Marina y Fuerza Aérea de Perú en Palacio de Gobierno.
Merino reemplazaría a Vizcarra si progresa la vacancia.
"Repudio los actos inaceptables de la vieja clase política. Las mañas golpistas no pueden volver, las FFAA defienden el orden constitucional, no el interés personal, ni partidario", dijo el voceado candidato Forsyth, un ex arquero de fútbol.
El sábado, los presidentes de Colombia, Ecuador y Bolivia, miembros de la comunidad andina, dijeron que los sucesos que ocurren en Perú atentan contra la estabilidad y gobernabilidad del segundo mayor productor mundial de cobre.
El Congreso peruano con representantes de izquierda, de derecha y grupos radicales fue elegido en enero para completar el periodo legislativo hasta julio del 2021, luego de que Vizcarra disolvió el anterior Parlamento el año pasado en medio de una pugna con la oposición sobre sus reformas anticorrupción.