Las noticias de ejecuciones, decapitaciones y cuerpos colgados en puentes se volvieron cosa cotidiana a lo largo del gobierno de Felipe Calderón. En una macabra matanza, Los Zetas asesinaron hace dos años a 200 inmigrantes cerca de la frontera con Estados Unidos.

Xalapa, México. Con sus ojos nublados por las lágrimas, una anciana toma de los brazos a un infante de marina y le suplica que no dejen las tareas de vigilancia en esta ciudad colonial mexicana, hasta hace poco azotada por el sanguinario cártel de los Zetas.

"Sólo en ustedes confiamos, por favor no se vayan de Xalapa. La policía es dinero en sueldos tirados a la basura, muchos trabajan para ellos (los delincuentes)", dijo Cirenia Aguilar, una ama de casa de 66 años.

Como en otras ciudades de México, en la capital del estado de Veracruz -donde en mayo un periodista apareció descuartizado cerca del palacio de gobierno- los pobladores temen que el nuevo presidente que asume el sábado, Enrique Peña Nieto, retire a los marinos que desde el 2011 fungen como policías.

Son parte de las decenas de miles de efectivos militares que el presidente saliente Felipe Calderón sacó a las calles a lo largo de sus seis años de mandato para tratar de combatir frontalmente al narcotráfico y tomar el lugar de policías municipales corrompidas por las organizaciones criminales.

Pero se equivocó en su estrategia, coinciden especialistas. Los costos sociales y económicos de la cruzada de Calderón han sido inmensos por donde se mire y los resultados, magros.

Las muertes por la guerra frontal contra el narco superan las 60.000, organizaciones privadas estiman que hay 10.000 desaparecidos y un millón y medio de desplazados por la violencia que llegó a niveles nunca antes vistos, a pesar de que el gasto en seguridad creció un 130% bajo su mandato.

¿Los logros? Calderón inició el largo proceso de fortalecer el sistema penal y judicial y logró arrestar o abatir a una veintena de capos, pero esto generó una metástasis de cárteles por todo el país que luchan a sangre y fuego por territorios, extorsionando y secuestrando para financiarse.

Las noticias de ejecuciones, decapitaciones y cuerpos colgados en puentes se volvieron cosa cotidiana a lo largo del gobierno de Calderón. En una macabra matanza, Los Zetas asesinaron hace dos años a 200 inmigrantes cerca de la frontera con Estados Unidos.

Ni siquiera en la foto grande se ve mucho progreso.

La cocaína que llega desde Sudamérica a Estados Unidos -el mayor consumidor mundial de drogas-, a través de México, aumentó del 90 al 95% del total entre 2006 y 2012, la producción de heroína se cuadruplicó y la de marihuana creció, según informes de la Casa Blanca.

Por si fuera poco, los traficantes mexicanos y en especial el cártel de Sinaloa se consolidó como uno de los grandes productores de drogas sintéticas con destino a ese país.

"A sabiendas de que el diagnóstico era inadecuado, no modificaron la estrategia", dijo el analista político José Antonio Crespo.

"Lo que tiene que hacer el próximo gobierno, no sé de qué manera, es reducir la violencia y recuperar el control", agregó.

Sin embargo, hay serias dudas de que las propuestas reveladas hasta ahora por Peña Nieto para atacar el problema sean suficientes para aplacar al narcotráfico.

Basta con preguntarle a los mexicanos. El 72% de ellos cree que la situación de inseguridad seguirá igual o empeorará, según el instituto nacional de estadísticas INEGI.

Sinuoso camino. Para el nuevo presidente, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la lucha contra la inseguridad y las organizaciones criminales será el mayor reto de su gobierno.

Las encuestas muestran que es el tema que más preocupa a la gente, en un México estable en lo económico. Para que cambie la percepción, su administración quiere apaciguar delitos como la extorsión, que subió más de 40% en los últimos seis años, o los secuestros, que crecieron un 80%.

Peña Nieto ha prometido crear una gendarmería con ex militares para sacar poco a poco de las calles a 45.000 soldados, criticados por abusos a los derechos humanos, y a 17.000 marinos.

También busca un mando único policial y darle las riendas de la seguridad al secretario de gobernación para corregir la falta de coordinación que reinó bajo la administración de Calderón.

Además busca engrosar a la policía federal, que en los seis años de Calderón aumentó más de cinco veces su tamaño.

"El va a cambiar la retórica de la estrategia de seguridad, aunque operativamente creo que poco va a cambiar", dijo Carlos Ramírez, analista de Eurasia. "La idea de tener 40.000 militares transformados de repente en una fuerza civil será un desafío", añadió.

Algunos creen que Peña Nieto tiene que ir más allá y buscar las claves para combatir el narco.

Los cárteles operan desde hace décadas en México, pero su presencia no se sentía y es un secreto a voces que los viejos gobiernos del PRI habrían pactado con ellos para que no hubiera violencia.

"Debería de analizar las estrategias que se utilizaron en gobiernos anteriores que permitían administrar el conflicto de manera tal que no había alto niveles de violencia", dijo Rubén Aguilar, quien fue portavoz del ex presidente Vicente Fox y es coautor de dos libros sobre el fracaso de la lucha antinarco.

"¿Dónde están esas claves? Que las averigüe este Gobierno y nos las propongan", agregó y sostuvo que hay que asumir que "no es una guerra ganable".

Pero la realidad entonces era distinta. Solamente había tres o cuatro cárteles encabezados por el del Golfo y el de Sinaloa -que todavía sigue siendo el más poderoso- y respetaban ciertos códigos. Hoy el mapa está repleto de pequeñas organizaciones violentas que operan en una guerra donde todo vale.

Aunque se intentara pactar con los numerosos cárteles por debajo de la mesa, algo que Peña Nieto ha rechazado a los cuatro vientos, la misión sería muy complicada.

Una prueba de disciplina. Parte de la respuesta para Peña Nieto puede estar en los estados mexicanos, muchos de ellos cobijo de feudos del narco.

Teniendo en cuenta que su partido gobierna 23 de los 32 estados del país, el nuevo presidente podría presionar a los gobernadores para que se comprometan a luchar contra las drogas, algo que pocos hicieron con Calderón.

"Sería bueno utilizar el esquema de garrote y zanahoria con los gobernadores, que condicionará la entrega de recursos a su desempeño en controlar la violencia", opinó Eduardo Guerrero, experto en seguridad de la firma Lantia Consultores.

Las mayormente corruptas policías municipales, que la gendarmería itinerante de Peña Nieto intentaría suplantar en lugares puntuales, son uno de los tumores a extirpar.

Los efectivos en los municipios de México trepan a 166.000 y los de las policías estatales suman 202.000.

"(Peña Nieto) debe meter en cintura a los gobernadores para que colaboren y profesionalicen sus policías", coincidió un ex director del organismo de inteligencia de México.

Aún hay más incógnitas con el próximo gobierno. Poco y nada ha hablado el nuevo presidente del lavado de dinero, la columna vertebral del poder de los cárteles que les permite corromper funcionarios y armarse hasta los dientes.

Lento de reflejos, Calderón tardó cuatro años en proponer una ley antilavado, que finalmente fue aprobada este año pero no regula temas como el comercio, una gigantesca ventana que los narcos aprovechan para blanquear ganancias.

"Hace rato los hubiéramos vencido y derrotado, sino fuera porque cada año le llegan a esos grupos miles de millones de dólares provenientes de esos consumidores, fundamentalmente, americanos y muchos europeos", dijo Calderón recientemente en la Cumbre Iberoamericana en Cádiz.

Es precisamente el consumo el otro eje que Peña Nieto debe tocar con Estados Unidos, vecino y su mayor socio comercial.

Washington ha aportado más de US$1.000 millones de asistencia en tres años de la Iniciativa Mérida, que representan un 10% del presupuesto de seguridad anual de México.

Pero el presidente Barack Obama no logró frenar el flujo hacia el sur de armas que terminan en manos de los cárteles ni tampoco consiguió reducir el consumo, dos viejos reclamos de México.

El presupuesto estadounidense de gasto federal para el combate a las drogas muestra claramente un cambio de enfoque: en el 2006 el 63% de los recursos se destinaba a reducir el consumo, pero para el 2013 el pastel se invirtió y el 59% se dedicará a atacar la oferta de estupefacientes.

Mientras en estados norteamericanos como Colorado y Washington se legalizó la venta y posesión de marihuana para uso recreativo, a nivel federal Obama mantiene una dura negativa en hacerlo asegurando que trae más desventajas que beneficios.

Pero sus vecinos latinoamericanos encabezados por México, Colombia, Guatemala y Uruguay -que ya está más avanzado en su propuesta de legalización- reclaman que la idea se debata seriamente, en un nuevo norte para atacar el problema del narcotráfico.

"Claramente hay un doble discurso (del gobierno de Obama), las estadísticas así lo muestran. Me parece increíble que nosotros pongamos los muertos y ellos los consumidores", dijo a Reuters un asesor de Peña bajo condición de anonimato.