Antes de concluir el año, la Policía clausuró repentinamente el Canal 100% Noticias, principal televisora crítica a Ortega, y envió a prisión a su director general, y a su jefa de prensa.
A casi nueve meses de iniciada la mayor crisis política en la historia reciente de Nicaragua, el presidente Daniel Ortega parece haber sofocado la protesta social. Con más de 570 personas encarceladas, incluyendo a dos conocidos periodistas, el gobierno controla las calles mientras fortalece el cerco en torno a la prensa independiente y a varios dirigentes políticos que apoyaron la llamada "rebelión de abril".
Así, antes de concluir el año, la Policía clausuró repentinamente el Canal 100% Noticias, principal televisora crítica a Ortega, y envió a prisión a su director general, Miguel Mora, y a su jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau. Un juez local admitió una acusación contra ambos por "instigar el odio y la violencia” y programó la audiencia inicial para el 25 de enero.
Unos días antes, la Policía había ocupado también por la fuerza la redacción de la publicación "Confidencial” y de los programas de televisión "Esta Noche” y "Esta Semana”, pertenecientes al prestigiado periodista Carlos Fernando Chamorro, también acusado por voceros del gobierno de participar en "un golpe de Estado terrorista”.
"Nicaragua vive una situación muy crítica, tal vez el momento más difícil para el ejercicio del periodismo y de las libertades públicas en general”, afirma Chamorro en entrevista con DW en Managua, donde permanece pese a las amenazas de muerte que ha recibido en las redes sociales, a través de videos anónimos y mensajes de activistas del oficialismo.
A su juicio, la crisis de derechos humanos que vive el país (325 personas murieron, 2.000 resultaron heridas y 52.000 emigraron desde abril según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH) es "también una crisis de la democracia y plantea una verdadera situación de emergencia” nunca vista en Nicaragua.
"Este año comienza bajo el signo de la represión de la dictadura de Ortega y (su mujer y vicepresidenta) Rosario Murillo, que han impuesto un estado de excepción de facto. Saben que como responsables de crímenes de lesa humanidad no están habilitados para seguir gobernando y que su régimen, aislado y condenado internacionalmente, sólo puede sostenerse con represión”, expresa el comunicador de 62 años.
Tras la ocupación "arbitraria e ilegal” de sus medios de comunicación, el pasado 14 de diciembre, Chamorro y su equipo de periodistas se atrevieron a encarar a los jefes de la Policía y fueron expulsados del cuartel por un contingente de efectivos antimotines.
"Vengo blindado por la moral de mis padres”, respondió ahí a sus colegas en alusión a Pedro Joaquín Chamorro, el legendario director de "La Prensa” que fue asesinado en 1978 por sicarios del dictador Anastasio Somoza, y a Violeta Barrios de Chamorro, la ex presidenta que gobernó Nicaragua de 1990 a 1997, logrando poner fin a casi 10 años de una cruenta guerra entre sandinistas y "contras”.
Para el influyente periodista, la única salida a la crisis del país pasa por la aprobación de reformas políticas que permitan adelantar las elecciones presidenciales previstas para 2021, algo que Ortega ha rechazado con contundencia.
Pese a la correlación de fuerzas desfavorable para la oposición y al riesgo de ser él mismo encarcelado en cualquier momento, Chamorro dice no haber perdido las esperanzas en una transformación política, porque a su juicio "el cambio ya ocurrió… Nicaragua no es el mismo país de antes de abril”.
"A pesar de la represión y la persecución, de la prohibición de las marchas, del encarcelamiento de centenares de personas y del ataque a la libertad de prensa y de expresión, en Nicaragua ya se han sentado las bases de un nuevo país”, insiste.
Sin embargo, y aunque no piensa por ahora en marcharse al exilio, reconoce que vive "bajo una situación de amenaza y de riesgo extremo, como todos los ciudadanos que se atrevieron a participar en las protestas cívicas”. Antiguos guerrilleros, diputados y diplomáticos sandinistas que abandonaron el partido de Ortega también corren peligro de ser encarcelados, puesto que son considerados "traidores a la patria”.
De hecho, el lunes recién pasado, efectivos de la Policía allanaron la casa de la ex comandante guerrillera Dora María Téllez, fundadora del disidente Movimiento Renovador Sandinista (MRS), al que el gobierno acusa de promover el "fallido golpe de Estado” en su contra. Téllez no se encontraba en la vivienda pues permanece bajo resguardo desde hace meses en algún lugar no divulgado.
Otras figuras de la misma agrupación política, proscrita por el Parlamento sandinista hace varios años, han denunciado episodios de persecución por parte de agentes policiales y elementos paramilitares cuando entran o salen de sus residencias, mismas que permanecen vigiladas desde el aire por drones equipados con cámaras de televisión.
