Fernando Villavicencio pasó a vivir clandestinamente en marzo después de que un tribunal ecuatoriano ratificó la pena de 18 meses de cárcel que había recibido por injuriar al presidente Rafael Correa.

Por John Otis. Para el periodista y activista político ecuatoriano Fernando Villavicencio, estar huyendo ha significado vadear ríos en la selva para evadir puntos de control de la policía, alimentarse de carne de cocodrilo y de mono, y escribir su último libro escondido en varias casas de seguridad.

Fernando Villavicencio pasó a vivir clandestinamente en marzo después de que un tribunal ecuatoriano ratificó la pena de 18 meses de cárcel que había recibido por injuriar al presidente Rafael Correa. En un inicio Villavicencio buscó refugio en una tribu del Amazonas, pero a medida que las fuerzas del gobierno estrechaban el cerco sobre él, abandonó esa comunidad y ahora se desplaza por todo Ecuador para evadir la persecución de las autoridades.

Sarayaku, el relato de su vida como prófugo y de lo que Villavicencio denomina una campaña de persecución gubernamental contra su persona, fue publicada en noviembre después de que logró entregarle el manuscrito a su esposa, Verónica Sarauz, quien editó el texto y lo envió a la editorial. Las memorias de Villavicencio llevan por título el nombre del territorio de la tribu donde se refugió.

“Si no sigo escribiendo me voy a morir”, afirmó un exhausto Villavicencio, quien tiene 50 años de edad, en una entrevista de dos horas sostenida con el CPJ en noviembre desde una casa de seguridad.

Villavicencio está acostumbrado a enfrentarse al gobierno. A los 18 años, fundó un periódico llamado Prensa Obrera que se dedicaba a los derechos sindicales, y la dictadura militar que entonces gobernaba el país lo mantuvo detenido durante dos días por sus presuntos vínculos con rebeldes marxistas.

Tras un período en que se desempeñó en la petrolera estatal EP Petroecuador, Villavicencio escribió numerosos libros y artículos para periódicos y revistas ecuatorianos acerca de la corrupción y la contaminación ambiental vinculados al auge de la industria petrolera nacional. Sus conocimientos y acceso a documentos oficiales lo convirtieron en una valiosa fuente para los periodistas que cubrían la industria petrolera, aseguró al CPJ Christian Zurita, reportero del diario ecuatoriano El Universo, uno de los más importantes del país.

Ello también lo convirtió en blanco. El 26 de diciembre de 2013 agentes del gobierno allanaron el domicilio de Villavicencio en la capital, Quito, y le confiscaron sus computadoras y miles de documentos. Correa acusó a Villavicencio de obtener ilícitamente correos electrónicos del gobierno después de que el periodista informó sobre mensajes internos relacionados con el tratamiento otorgado por el gobierno a una dilatada demanda judicial contra la empresa Chevron. En entrevista con el CPJ, Villavicencio catalogó el allanamiento de intento de confiscar información potencialmente comprometedora sobre el gobierno y de averiguar la identidad de sus fuentes periodísticas. Hasta ahora, las autoridades no le han formulado cargos y no le han devuelto ni los documentos ni los equipos confiscados.

Sus actuales problemas con la Justicia se derivan de un alzamiento policial ocurrido el 30 de septiembre de 2010, durante el cual agentes de la policía descontentos retuvieron a Correa por varias horas en un hospital policial. Correa denunció que se trataba de una intentona golpista y, en un operativo llevado a cabo por las fuerzas armadas para liberar al presidente, al menos cinco personas murieron.

En esa época, Villavicencio se desempeñaba como asesor de Cléver Jiménez, asambleísta opositor y crítico de Correa. Junto a Carlos Figueroa, doctor y activista sindical, ambos le solicitaron al Fiscal General que investigara la responsabilidad del presidente por el violento operativo. En una demanda judicial ellos acusaron a Correa de “promover el caos político”, así como de “perpetrar crímenes de lesa humanidad” por haber ordenado un asalto armado contra un hospital donde se encontraban civiles.

Pero el Fiscal General se negó a investigar el alzamiento y posteriormente se refirió a la demanda como “maliciosa y temeraria”. Correa, cuyo gobierno ha emprendido una amplia campaña contra la prensa, empleando entre otros métodos demandas judiciales y la adopción de una restrictiva Ley de Comunicación, luego presentó una demanda por injuria contra Villavicencio, Jiménez y Figueroa.

El juicio concluyó con condenas y penas de 18 meses de cárcel para Villavicencio y Jiménez, y una pena de seis meses de cárcel para Figueroa. A los tres también se les ordenó pagar miles de dólares en concepto de multas y pedirle perdón a Correa.

Villavicencio expresó ante el CPJ que algunas frases de la demanda, que había sido redactada por Jiménez y pretendía que Correa había cometido delitos de lesa humanidad, pueden haber contenido exageraciones. De todos modos, sostuvo, es absurdo que él y sus colegas hayan sido condenados mientras que muchos de los responsables del derramamiento de sangre durante el alzamiento policial no hayan sido procesados.

“Puede ser que hayamos sido imprecisos en nuestro lenguaje pero no le disparamos a nadie”, señaló Villavicencio, quien añadió que ellos no estaban demandando a Correa, sino que simplemente quería que se investigara los actos del presidente.

Además de recurrir al empleo de disposiciones penales sobre la difamación, que los organismos de derechos humanos desde hace mucho han calificado de grave obstáculo a la libertad de prensa, el proceso judicial de los tres hombres ha estado plagado de irregularidades, sostuvo Pamela Sevilla, abogada de Fundamedios, organización defensora de la libertad de prensa con sede en Quito.

Como asambleísta Jiménez gozaba de inmunidad parlamentaria pero las autoridades ignoraron esta protección. Sevilla añadió que el Fiscal General anteriormente se había desempeñado como el abogado personal de Correa y debía haberse recusado del caso. Además, el gobierno de Correa ignoró una resolución de la comisión de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos, que dispuso la suspensión de los efectos de la orden de detención contra ellos con el propósito de evitar violaciones graves de sus derechos.

“Se trata de un claro intento por parte del gobierno de perseguir a personas que están en la oposición”, afirmó Sevilla al CPJ.

Por su parte, Patricio Barriga, exportavoz de la Secretaría de Comunicación y ahora titular de Cordicom, el gubernamental Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, elogió la integridad del sistema judicial y negó que Villavicencio haya sido condenado por sus opiniones.

“Este caso no tiene nada que ver con la libertad de expresión”, sostuvo Barriga en declaraciones efectuadas al CPJ.

Cuando la orden de arresto fue emitida, en marzo, Villavicencio se encontraba en Estados Unidos y podía haber solicitado asilo político, pero decidió regresar a Ecuador en acto de solidaridad con Jiménez y Figueroa.

“Haberme quedado hubiera sido mucho más fácil”, expresó Villavicencio ante el CPJ. “Pero yo no iba a dejar que mis amigos fueran a prisión mientras yo estaba viviendo en un exilio de lujo”.

Los tres se refugiaron en Sarayaku, territorio de los indios kichwa, quienes captaron la atención del mundo por su exitosa campaña para detener la exploración petrolera en sus tierras. En el 2012, un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el gobierno ecuatoriano no tenía el derecho de realizar perforaciones petroleras en Sarayaku sin consentimiento previo y les prohibió a las fuerzas de seguridad ingresar al territorio.

Parecía un refugio ideal, incluso si las condiciones eran difíciles. Los tres hombres a menudo se alimentaban de pájaros, peces, cocodrilos y monos. La esposa de Villavicencio, Sarauz, señaló que cuando visitaba a su esposo, éste tenía la piel cubierta de picadas de insectos. De noche, cuando Villavicencio trataba de leer o escribir, unos grandes murciélagos de la selva a veces entraban en la tienda, atraídos por la luz.

“Fernando es una persona de la ciudad”, Sarauz manifestó. “Los insectos se lo comieron a picadas”.

Más problemática fue la respuesta de Correa, quien acusó a los kichwa de no acatar la ley y les exigió que entregaran a los prófugos. Cuando helicópteros y aviones del gobierno sobrevolaron Sarayaku, los tres hombres decidieron que les estaban creando muchos problemas a sus anfitriones y partieron. Villavicencio recordó un momento en que vadearon a oscuras varios afluentes del Amazonas durante unas cinco horas para evadir los puntos de control de la policía.

Figueroa fue capturado por las autoridades cerca de Quito en agosto, tras visitar a su madre, quien recibía tratamiento contra el cáncer. En la actualidad cumple la pena de cárcel, pero Villavicencio y Jiménez siguen escondidos. Sarauz afirmó que agentes del ministerio del Interior la habían seguido y a veces habían manejado al lado de su auto.  

En esta entrevista, Villavicencio admitió que vivir clandestinamente estaba causando un profundo impacto en su vida. Extraña a los hijos. Al no contar con ingresos salvo una pequeña cantidad por concepto de derechos de autor, su familia se ha mudado de casa en casa y ahora viven con la cuñada. No obstante, Villavicencio mantiene su actitud desafiante.

“El presidente quiere que me arrodille y le pida disculpas”, expresó Villavicencio. “Pero nunca haré eso”.