Soldados de la Guardia de Honor Presidencial lanzaron bombas lacrimógenas contra unas 60 periodistas, después de que traspasaran un retén que impedía el acceso a la casa de gobierno en medio de golpes y forcejeos entre los efectivos y los comunicadores, dijeron testigos.
Tegucigalpa. Efectivos del Ejército que custodian la sede de la presidencia en Honduras se enfrentaron este martes con un grupo de periodistas, en su mayoría mujeres, que reclaman al gobierno frenar la escalada de crímenes de comunicadores.
Soldados de la Guardia de Honor Presidencial lanzaron bombas lacrimógenas contra unas 60 periodistas, después de que traspasaran un retén que impedía el acceso a la casa de gobierno en medio de golpes y forcejeos entre los efectivos y los comunicadores, dijeron testigos.
Los asesinatos de periodistas suman 16 desde el 2010 y en su mayoría están sin esclarecerse.
"Fuimos golpeadas con garrotes y nos lanzaron bombas lacrimógenas para reprimirnos, pero al final logramos celebrar nuestro mitin frente a la casa presidencial", dijo a Reuters Claudia Mendoza, una de las organizadoras de la manifestación.
"Vamos a seguir exigiendo el respeto a la vida de los periodistas y a la libertad de expresión. Que se esclarezcan los asesinatos de nuestros colegas", agregó.
La protesta fue convocada por la organización Periodistas por la Vida y la Libertad de Prensa, creada por un grupo de periodistas mujeres, después de que la comunicadora Luz Paz, que dirigía un programa crítico en una radio local, fuera asesinada a tiros la semana pasada por sicarios en Tegucigalpa.
Los crímenes de periodistas ocurren en medio de una escalada de violencia delictiva en Honduras, que se ha visto exacerbada por la presencia de cárteles mexicanos de la droga.
Honduras es el país con el más alto índice de homicidios en América, con 82.1 casos por cada 100.000 habitantes, según la ONU.
Un portavoz de la policía confirmó a Reuters los incidentes y aseguró que ningún periodista resultó herido o fue arrestado.
El gobierno pidió ayuda de Estados Unidos, Colombia y España para investigar y esclarecer los asesinatos de periodistas y autorizó que el Ejército asuma tareas de arresto y allanamiento, que correspondían hasta ahora únicamente a la policía, en busca de aplacar la escalada de crímenes.
