El ministro peruano del Interior, Walter Albán, aseguró que el presidente Ollanta Humala se ha empeñado en esta tarea mediante la erradicación de cultivos ilícitos de coca y el freno al tráfico de droga hacia los países vecinos, principalmente Brasil.
Panamá. Perú trabaja con políticas "muy claras" y con recursos propios en una "lucha frontal" para reducir la producción de cocaína, en la que el país andino ocupa el primer lugar a nivel mundial, según indicó el ministro peruano del Interior, Walter Albán, en una entrevista con Efe.
Albán, quien hoy concluyó una visita oficial de dos días a Panamá, aseguró que el presidente de Perú, Ollanta Humala, se ha empeñado en esta tarea mediante la erradicación de cultivos ilícitos de coca y el freno al tráfico de droga hacia los países vecinos, principalmente Brasil.
El ministro manifestó que Perú está ahora en "una lucha frontal contra todo lo que tiene que ver con narcotráfico, lo que requería de políticas mucho más intensas y sostenidas".
En ese sentido, destacó que Humala ha invertido en esta tarea "importantes recursos" propios porque el país "no podía depender solo de la cooperación internacional, en especial de la ayuda de Estados Unidos".
Y añadió que, "de hecho", en su último informe de erradicación de cultivos de 2013, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que Perú redujo en un 17,5% las hectáreas de terreno dedicadas a la siembra de coca.
Este es un dato "histórico", de acuerdo con Albán, ya que en su país "tradicionalmente" se erradicaban anualmente "no más de 10.000 hectáreas".
Sin embargo, recordó que en 2012 la cantidad de hectáreas que fueron erradicadas ascendió a 14.000, mientras que en 2013 aumentó hasta las 23.500, una cifra que Humala se ha propuesto incrementar a "un mínimo de 30.000 hectáreas" para este año.
"Esto indica el horizonte ambicioso que nos hemos trazado en cuanto a esta reducción, pero que va complementada con políticas que eviten que estas tierras puedan nuevamente ser cultivadas con coca", expresó Albán.
El ministro peruano dijo que esto es así ya que "tampoco se logra mucho" si no se encuentran mecanismos o alternativas para que esta población que siembra coca pueda conseguir otras formas de vida y de acceso al mercado.
Empero, Albán reconoció que existe un área que ha sido la "más difícil" para erradicar estos cultivos que es la del VRAEM, la cual responde a las iniciales del Valle del Río Apurimac, Ene y Mantaro.
En ese sentido, detalló que es una zona ubicada en la Sierra Central, en el sur del Perú, en la que quedan rezagos de terrorismo del grupo Sendero Luminoso que, dijo, "está sin duda vinculado al narcotráfico".
Ante esta situación, resaltó, "lo que ha hecho el gobierno es aumentar la interdicción y de manera muy fuerte intensificar la erradicación de pistas clandestinas, de laboratorios y el control de insumos químicos" utilizados para la elaboración de pasta de cocaína.
Paralelamente, agregó que se desarrolla una política de "erradicación voluntaria" concertada con los campesinos, con financiación y asistencia técnica para la sustitución de cultivos.
"Todo esto es un programa ambicioso pero que nos va a permitir, creemos, continuar en esta reducción significativa de lo que es la producción de coca y, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la elaboración de pasta de cocaína", remarcó.
También se están adquiriendo equipos para el control del tráfico aéreo que viene al Perú a recoger insumos ilícitos para trasladarlos a otros países "y en este momento de manera importante a Brasil", indicó.
Según un informe del Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA) de 2011, para ese año la producción de cocaína en Perú creció hasta las 325 toneladas anuales, lo que colocó al país andino en el primer lugar a nivel mundial en producción del alcaloide.
Sin embargo, Albán dijo que estas cifras no se mantendrán porque se van a reducir "significativamente con políticas muy claras de lucha contra el narcotráfico".
"Así que con estas políticas no creo que estas cifras se puedan mantener", afirmó Albán, quien insistió en que hay que estar "en permanente guardia contra la incidencia que pueda tener el narcotráfico en la vida" de la sociedad y sus instituciones.
