Los pueblos indígenas de Awajun y Wampís iniciaron una protesta masiva en abril de 2009 contra un paquete de leyes aprobada por el gobierno de Alan García (2006-2011), lo que terminó en la muerte de 33 muertos producto de enfrentamientos.

Londres. Amnistía Internacional (AI) pidió este jueves que se celebre un "juicio justo" para los indígenas acusados por la protesta de Bagua, en la selva de Perú, en la que murieron 33 personas hace cinco años.

Los pueblos indígenas de Awajun y Wampís iniciaron una protesta masiva en abril de 2009 contra un paquete de leyes aprobada por el Gobierno de Alan García (2006-2011), que buscaban incentivar las actividades extractivas en la Amazonía, y para pedir que les restablecieran sus derechos sobre la tierra.

Después de 50 días, la concentración terminó en violentos enfrentamientos que se saldaron con la muerte de 33 personas, 23 policías y 10 indígenas, y con más de 200 heridos de los que 80 recibieron disparos.

AI denunció este jueves que el juicio se inició el pasado 14 de mayo, casi cinco años después, y que de los 53 acusados, "la mayoría son indígenas de las comunidades de Awajun y Wampís".

"Si las autoridades de Perú quieren realmente impartir justicia a aquellos sospechosos de responsabilidad criminal por estas muertes, no es suficiente castigar a los manifestantes e ignorar los posibles abusos de la policía", indicó la subdirectora del programa para las América de AI, Guadalupe Marengo.

Los manifestantes acusados se enfrentan a penas que van desde los seis años hasta la cadena perpetua, a pesar de que abogados expertos en derechos humanos han afirmado que "no hay pruebas sólidas de que haya relación entre los acusados y los crímenes de los que los acusan", según la organización.

"AI seguirá de cerca el juicio. Los responsables de los trágicos eventos de Bagua deben ser llevados ante la justicia, pero sobre todo el proceso del juicio debe ser justo. Si las autoridades no pueden presentar pruebas sólidas y admisibles, los acusados deben ser liberados, de otra forma no habrá justicia", afirmó Marengo.

La organización pide al gobierno de Perú que devuelva a los indígenas "sus derechos ancestrales sobre la tierra, su medio de supervivencia y el derecho al consentimiento libre, previo e informado en todas las cuestiones que les afectan".