El responsable de la agencia estatal antidrogas recordó que su país erradicó 31.206 hectáreas ilegales en 2014, lo que equivale a "240 toneladas métricas de cocaína", cuyo costo alcanzaría "los US$7.000 millones en Estados Unidos y Europa".
Lima. El gobierno de Perú tiene la meta de erradicar 35.000 hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca durante este año, lo que constituiría un récord para el país sudamericano, afirmó hoy el presidente de La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Alberto Otárola.
En un encuentro con la prensa extranjera acreditada en Perú, el responsable de la agencia estatal antidrogas recordó que su país erradicó 31.206 hectáreas ilegales en 2014, lo que equivale a "240 toneladas métricas de cocaína", cuyo costo alcanzaría "los US$7.000 millones en Estados Unidos y Europa".
El presidente de Devida confió en que las últimas cifras de erradicación supongan un punto de quiebre en la reducción de la superficie de cultivos ilegales que se reportarán en el informe que la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNODC) publicará en junio próximo.
En el último informe hasta la fecha de la UNODC, de 2013, Perú aparece como el primer productor mundial de hoja de coca, con una superficie de 49.800 hectáreas cultivadas.
"(Ahora) no somos el mayor productor (de cocaína) ni tampoco el que tiene el mayor espacio cocalero", afirmó Otárola, aunque no brindo una cifra sobre la producción y exportación de cocaína desde Perú, al alegar que su institución aún no maneja datos oficiales.
Señaló que su organismo contará en 2015 con un presupuesto de 250 millones de soles (unos US$81 millones), además de recibir aportaciones de 34 millones de euros (US$38,7 millones) de la Unión Europea, US$72 millones de la cooperación internacional y tres millones de euros (US$3,42 millones) de un convenio con Alemania.
Otárola tampoco precisó si entre las nuevas zonas de erradicación de cultivos para 2015 estará el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), donde se localiza la mayor superficie de cultivos ilegales de Perú y las bases del remanente de la organización terrorista Sendero Luminoso.
Sin embargo, anunció que el gobierno peruano "acaba de determinar" una zona de exclusión aérea sobre el Vraem y confía en que este año se inicie la interceptación de vuelos ilegales para frenar el flujo de avionetas que, según dijo, son "en un 85% bolivianas" y sacan droga del país.
El espacio aéreo restringido alcanza los 10.000 metros de altura en un rectángulo formado por las localidades de Mazamari, Pichari, Atalaya y Las Malvinas, pero para iniciar la interceptación de vuelos se requiere una ley que Otárola que sea aprobada por el Congreso en el inicio de la nueva legislatura, en marzo próximo.
"Aquellos vuelos que no se reporten ante las jefaturas aeronáuticas de la Fuerza Aérea de Perú (FAP), serán considerados hostiles e ilegales. (...) El derribo será el último recurso. Primero se procederá con maniobras del protocolo internacional para que la nave aterrice en un aeropuerto de la zona", avanzó Otárola.
El presidente de Devida explicó que la interceptación se realizará "con medios tecnológicos exclusivamente peruanos", para lo que se ha dispuesto la instalación de un radar en Puerto Maldonado, en el sudeste del país.
Otárola también valoró la colaboración de Bolivia al destacar que "ha comenzado a cerrar escuelas aeronáuticas ilegales", que supuestamente preparan a los pilotos de las avionetas "adquiridas de segunda mano desde Florida (Estados Unidos) por intermediarios bolivianos y brasileños".
Añadió que la ruta de la droga extraída en las avionetas pasa por Bolivia y Paraguay hasta llegar a Brasil, desde cuyos puertos se exporta hacia Europa.
