Analistas consideran que la aprobación de la ley -que deberá ser promulgada u observada por el presidente Humala en los próximos 15 días- reduciría el persistente malestar social en empobrecidas zonas de Perú, que con vastas reservas de minerales y gas ha atraído millonarias inversiones extranjeras.

Lima. El Congreso peruano aprobó el martes una postergada ley que dará más voz a los pueblos indígenas frente al desarrollo de proyectos mineros y energéticos, lo que podría apaciguar los crecientes conflictos sociales en el país.

El Parlamento aprobó unánimemente con 112 votos la llamada ley de consulta previa, que busca aplicar parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; en la primera norma que aprueba desde que fue instalado a fines de julio.

"La finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente (...) su inclusión en los procesos de toma de decisiones", dijo la norma aprobada.

Reducción de malestar social. Analistas consideran que la aprobación de la ley -que deberá ser promulgada u observada por el presidente Ollanta Humala en los próximos 15 días- reduciría el persistente malestar social en empobrecidas zonas de Perú, que con vastas reservas de minerales y gas ha atraído millonarias inversiones extranjeras.

Pero ese dinero, que sumaría unos US$50.000 millones en la próxima década, podría encontrar otros destinos si persiste el rechazo -que en ocasiones se torna violento- de pobladores irritados por no sentir los frutos de la bonanza económica y temerosos de que afecten su medio ambiente.

"Quiero agradecer a los parlamentarios por dar su voto unánime a esta ley. Ha sido una muestra de patriotismo que pasará a la historia y que los pueblos amazónicos, andinos y afroperuanos agradecerán", dijo el legislador amazónico Eduardo Nayap, de la bancada oficialista.

Anterior aprobación. La ley de consulta había sido aprobada por el anterior Congreso pero fue observada por el ex presidente Alan García -un fuerte impulsor de las inversiones privadas en los sectores clave de minería y energía-, quien argumentó que iba más allá al otorgar el derecho a veto a los proyectos.

Tras la observación de García, la norma quedó trabada en el anterior Congreso.

El gobierno del ex mandatario García fue empañado por protestas que derivaron en violencia.

La más cruenta se produjo en junio del 2009, cuando una protesta de indígenas en contra de leyes que promovían la inversión energética en la Amazonía dejó más de 30 muertos y se convirtió en la mayor crisis del ex presidente, que debió derogarlas y renovar su gabinete.

Actualmente existen más de 200 conflictos sociales latentes en Perú, concentrados mayormente en las zonas donde vive la tercera parte de peruanos que aún es pobre, según la oficina de derechos humanos nacional.