El funcionario de la Corporación Andina de Fomento (CAF), explicó que según el Reporte de Economía y Desarrollo (RED) 2015, las naciones donde más se desarrolló este sistema fueron México, Chile, Colombia y Brasil.
Lima. El Perú fue uno de los países que más avanzó en cuanto a la evaluación y monitoreo de los programas públicos en la región, destinado a conseguir el conocimiento suficiente para aumentar la efectividad de sus procesos, afirmó el director Corporativo de Investigaciones Socioeconómicas de la CAF, Pablo Sanguinetti.
El funcionario de la Corporación Andina de Fomento (CAF), explicó que según el Reporte de Economía y Desarrollo (RED) 2015, las naciones donde más se desarrolló este sistema fueron México, Chile, Colombia y Brasil.
“Las evaluaciones de impacto (del proceso de los programas públicos) están tomando fuerza en la región, México va a la cabeza con 62 (evaluaciones), Colombia lleva 39, seguido por Perú con 37, Chile 26 y Brasil 25”, señaló, mencionando que el estudio toma en cuenta el periodo 1995-2011.
Sostuvo que también en algunos países existen instituciones encargadas de efectuar esta evaluación y monitoreo, poniendo como ejemplo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) de México y el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia) en Colombia.
“Este tipo de organismos promueven la tarea y monitoreo y evaluación de políticas publicas, analizando cada una de las etapas del ciclo, con la finalidad de generar conocimiento y aprendizaje que logren aumentar la efectividad de todo el proceso”, manifestó.
El reporte, denominado “Un estado más efectivo. Capacidades para el diseño, la implementación y el aprendizaje de políticas públicas”, sostiene que el debate en América latina sobre las políticas públicas para el desarrollo, “se ha concentrado sobre cuáles son las mejores intervenciones para promover el crecimiento y la inclusión”.
En ese sentido, el documento precisa que la calidad de la burocracia depende de funcionarios públicos idóneos, honestos y motivados, así como de normas y procedimientos que guían su accionar e incentivos que estimule el esfuerzo para un mejor desempeño.
“La encuesta realizada por la CAF, un 46 por ciento del empleo público de la región tiene educación superior completa versus 20 por ciento en el sector privado formal. Asimismo participan más mujeres (51 por ciento) a diferencia de varones (34 por ciento)”, señaló.
De igual modo, añade que para mejorar la calidad de la administración pública, es necesario contar con esquemas de compensación que permitan atraer a los mejores empleados y promover el esfuerzo.
