Analistas, políticos de oposición y de la clase empresarial del país habían pedido a Humala una posición más firme contra la protesta de Cajamarca, organizada por dirigentes de izquierda.

Lima. Policías y militares tomaron este lunes el control de la región norteña peruana de Cajamarca luego de que el gobierno decretara el estado de emergencia en la zona, para frenar 12 días de protestas contra un enorme proyecto minero de la firma estadounidense Newmont Mining.

La medida, en la que el presidente Ollanta Humala utiliza por primera vez mano dura para frenar una protesta en el país, restringe el libre tránsito y autoriza a los militares a restablecer el orden público por un plazo de 60 días.

Tras casi dos semanas de paralizaciones que llevaron a problemas de abastecimiento de alimentos y combustible, Cajamarca lucía el lunes en calma, los negocios operaban con tranquilidad y el transporte público se restablecía normalmente gracias al desbloqueo de las principales vías de la zona.

"La población está reanudando sus actividades normales, creemos que el pueblo de Cajamarca necesita estar libre para que las personas puedan ir a trabajar, que tengan que ir al colegio, a los negocios", dijo el ministro de Interior, Oscar Valdéz, desde la zona en conflicto a la radio local RPP.

Las protestas contra la polémica construcción del proyecto de oro Minas Conga, de US$4.800 millones, se radicalizaron la semana pasada, con bloqueos de rutas y el cierre del aeuropuerto local, incluso a pesar de que Newmont suspendió el plan a pedido del gobierno.

Los manifestantes temen perder sus fuentes naturales de agua.

El anuncio del estado de emergencia lo hizo el presidente Humala en la noche del domingo, en una mensaje a la nación por televisión, alegando la "intransigencia" de los dirigentes de Cajamarca para no querer llegar a un acuerdo de paz social.

Analistas, políticos de oposición y de la clase empresarial del país habían pedido a Humala una posición más firme contra la protesta de Cajamarca, organizada por dirigentes de izquierda, para no frenar las inversiones y poner en marcha los anunciados planes de inclusión social del gobierno.

"Se agotaron los caminos para resolver el conflicto" dijo Humala. "El estado de emergencia se aplicará a las provincias de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y Contumasá para restablecer la paz social", agregó el mandatario.

Los manifestantes no quedaron satisfechos con la suspensión de Minas Conga y reclaman que el gobierno cancele permanentemente el proyecto. El presidente de la región de Cajamarca, Gregorio Santos, rechazó la emergencia y dijo que la zona seguirá "luchando" de forma pacífica.

"Vinieron a ponernos la bayoneta y el fusil en la cabeza y creen que con eso nos van a amedrentar", afirmó Santos a Reuters.

Rebrote de conflictos. En Cajamarca, los vecinos rechazan el plan para desarrollar Minas Conga debido a que Newmont planea trasvasar el agua de cuatro lagunas a tres reservorios.

Dos de las lagunas serán utilizadas para depositar desechos o relaves. Los manifestantes temen que el plan afecte las fuentes y filtraciones naturales de agua en la zona.

El primer ministro, Salomón Lerner, quien negoció el domingo durante varias horas con las autoridades y dirigentes de Cajamarca, afirmó que el Gobierno podría revocar su medida si todo vuelve a la normalidad en los próximos días.

La decisión de Humala de decretar un estado de emergencia es una medida que su predecesor, Alan García, usó frecuentemente para frenar las protestas sociales.

Perú, que es el segundo mayor productor mundial de cobre, plata y zinc, y el sexto de oro, tiene a la minería como u no de los motores de su economía porque sus exportaciones representan el 60% de los envíos totales.

Las protestas desafiaron la posición inicial del gobierno de Humala, que había afirmado que Minas Conga es necesaria para el desarrollo económico y social, pero con cambios en su ejecución que garanticen el respeto al medio ambiente.

Sin embargo, el gobierno dijo la semana pasada que Newmont debe garantizar recursos para la financiación de proyecto s sociales y mitigación de daños ambientales si quiere continuar con su enorme proyecto, dentro de un plan para alcanzar una minería responsable.

El estado de emergencia fue anunciado tras otra protesta contra un proyecto de expansión de un penal al sur de Lima, en la que manifestantes de la ciudad costera de Cañete bloquearon el viernes la carretera, dejando una persona muerta tras enfrentamientos con la policía.

Las protestas son las más fuertes desde que Humala asumió el poder a finales de julio. Perú tiene más de 200 conflictos sociales vinculados con el sector minero y energético.

Según algunos analistas políticos, existe un embalse de expectativas sociales y consideraron que si Humala no actuab a pronto con mano dura, estaría continuamente presionado por manifestantes de izquierda.

El desarrollo o no de Minas Conga, que busca producir entre 580.000 y 680.000 onzas de oro anuales desde 2014, marcaría la pauta en la relación del presidente izquierdista Humala con los inversores privados.