El ministro de Justicia, Juan Jiménez, dijo este lunes que el Ejecutivo buscará anular una resolución del máximo tribunal del país que disminuye la condena de prisión a integrantes del llamado Grupo Colina, incluido el ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos.
Lima. El gobierno del presidente Ollanta Humala se enfrentará a la justicia por un polémico fallo de la corte suprema que redujo la condena a miembros de un grupo militar acusados de matar a supuestos terroristas en Perú y que podría beneficiar al ex mandatario Alberto Fujimori.
El ministro de Justicia, Juan Jiménez, dijo este lunes que el Ejecutivo buscará anular una resolución del máximo tribunal del país que disminuye la condena de prisión a integrantes del llamado Grupo Colina, incluido el ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, tras anular el delito de lesa humanidad de una anterior sentencia.
El fallo de la corte, anunciado el viernes, ha recibido fuertes críticas de grupos civiles, de derechos humanos y hasta sindicatos que planean realizar protestas para rechazar el polémico dictamen.
"El Perú no merece esta sentencia, nos duele, nos afecta. Considerar que estos crímenes no son lesa humanidad es un lunar en la defensa de los derechos humanos a la que nos debemos", dijo el ministro Jiménez, en un comunicado.
El funcionario afirmó que el martes un procurador del gobierno presentará "una acción de amparo", con el fin de dejar sin efecto la resolución de la sala penal de la corte suprema.
Las condenas a prisión a miembros del Grupo Colina fueron reducidas en algunos casos de 25 a 20 años.
Según el presidente de la sala penal permanente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, los magistrados decidieron rebajar la condena porque los fiscales no habían considerado que en el caso existiera el delito lesa humanidad, acusación que sólo se refiere a acciones sistemáticas contra las poblaciones civiles.
Activistas de derechos humanos afirman que la reducción de la condena -impuesta en el 2010- podría beneficiar al ex presidente Fujimori, condenado a 25 años de prisión por la misma matanza y desaparición de 25 personas, entre ellos un niño, por parte del Grupo Colina.
Los asesinatos y desapariciones se dieron durante los primeros años del mandato de Fujimori, quien gobernó entre 1990 y 2000. El ex presidente fue sindicado como autor mediato de estas muertes y desapariciones y condenado por el delito de lesa humanidad.
"Creo que la imagen del Poder Judicial está cayendo; de una sentencia impecable como fue la del juez César San Martín y la sala que condenó a Alberto Fujimori, ahora se ha visto la otra cara del Poder Judicial, que no sabe qué es una población civil ni qué es un delito de lesa", dijo la abogada Gloria Cano, una defensora de derechos humanos en el país.
Grupos de derechos humanos dijeron que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, en un caso en que lamentó el mismo presidente Humala, quien afirmó el fin de semana que con esto "ojalá que no vayan a soltar a nadie".
Fujimori. El abogado de Fujimori, César Nakazaki, dijo que por su parte que aún evalúa el fallo a favor del Grupo Colina, aunque afirmó que le preocupa las críticas contra el sistema judicial.
La defensa de Fujimori, quien implementó una política con mano dura contra los insurgentes en Perú, alista desde hace varios meses acciones legales en busca de anular la condena del ex mandatario apelando vicios procesales.
La histórica sentencia a Fujimori, la primera condena a un presidente de América Latina por violación a los derechos humanos en un proceso llevado en su propio país, fue alabada a nivel internacional en materia de lucha contra la impunidad.
"Dentro de los argumentos que estamos trabajando, hay una tema muy claro: Alberto Fujimori jamás fue acusado por delito de lesa humanidad", dijo el abogado Nakazaki.
El máximo representante de la sala penal de la Corte Suprema Villa Stein dijo que el tema de Fujimori es "cosa juzgada".
