El presidente Ollanta Humala había firmado la denominada ley de consulta previa en septiembre del 2011 y ahora publicó el reglamento de la norma bajo la cual las empresas y el Estado intentarán lograr consensos con las comunidades frente al desarrollo de minas o yacimientos petroleros.
Lima. El gobierno peruano implementó este martes una ley que dará más voz a los pueblos indígenas en el desarrollo de proyectos mineros y energéticos, lo que según analistas podría reducir los crecientes conflictos sociales en el país.
El presidente Ollanta Humala había firmado la denominada ley de consulta previa en septiembre del 2011 y ahora publicó el reglamento de la norma bajo la cual las empresas y el Estado intentarán lograr consensos con las comunidades frente al desarrollo de minas o yacimientos petroleros.
Sin embargo, el resultado del proceso de consulta no será vinculante salvo en aquellos aspectos en que hubiera acuerdo entre las partes, señaló el reglamento de la ley publicado en el diario oficial El Peruano.
"Si no se alcanzara el acuerdo o consentimiento sobre dichas medidas, las entidades promotoras se encuentran facultadas para dictarlas, debiendo adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos", precisó la norma.
Analistas consideran que la ley debería frenar el malestar social de las comunidades indígenas de Perú, golpeadas por la pobreza pese a que viven en zonas de vastas reservas naturales y focos de millonarias inversiones extranjeras.
Perú tiene proyectos por unos US$50.000 millones en la próxima década, dinero que podría encontrar otros destinos si persiste el rechazo -que en ocasiones se torna violento- de pobladores irritados por no sentir los frutos de la bonanza económica y temerosos de que afecten su medio ambiente.
Las poblaciones que viven organizadas en comunidades campesinas y comunidades nativas y que desciendan de pueblos que habitaban en el país en la época de la colonización también podrán acogerse a la ley de consulta, destaca el reglamento.
Expertos afirman sin embargo que la norma es ambigua debido a que no define con claridad qué comunidades descienden de pueblos que habitaban en el país en la época de la colonización.
La ley de consulta previa aplica parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El reglamento establece que el plazo máximo para el desarrollo del proceso de consulta previa con las comunidades indígenas será de 120 días calendario, tiempo después del cual la autoridad podrá tomar una decisión final.
Actualmente existen más de 200 conflictos sociales latentes en Perú, concentrados en las zonas donde vive la tercera parte de peruanos que aún es pobre, según cifras oficiales.
